Feliz 2010

A mi el 2009 me ha llevado a compartir cosas muy importantes, y a muchos lugares, cercanos y lejanos. En el 2010 se seguiran cumpliendo las ilusiones y nos llevará a donde todos queremos ir, sólo hacen falta las dosis adecuadas de compromiso, confianza y trabajo.

Feliz y próspero año nuevo

La cumbre de Copenhagen sobre el cambio climático.

El resultado de la cumbre de Copenhague, convocada por Naciones Unidas para dar respuesta internacional al fenómeno del cambio climático, ha sido frustrante para la mayoría de los que esperábamos un mayor compromiso de los Estados para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, fundamental causante del cambio climático, según las evidencias científicas. El Documento finalmente suscrito no resulta vinculante, simplemente se toma razón del asunto y se plantea aplazar las decisiones para futuras cumbres. Los Estados han primado los intereses nacionales y su política de desarrollo, para evitar firmar un acuerdo en el que se comprometan a reducir sus emisiones y, por tanto, a modificar su producción industrial basada en un consumo intensivo de combustibles fósiles.

Las potencias emergentes, cuyo principal exponente es China, que concentran gran parte de la producción fabril del mundo, se niegan a que la Comunidad Internacional pueda controlar, vía emisiones, su industria y en definitiva su balanza comercial. Por el contrario, la Comunidad Internacional, representada por la Organización de Naciones Unidas no cuenta con poder coactivo sobre los Estados, si estos no aceptan voluntariamente someterse a diversos controles, no puede intervenir.

El fracaso de la cumbre de Copenhague debe tener consecuencias en materia de política internacional y sobre todo en materia de política comercial. Resulta obvio que el Derecho Internacional Público clásico no es el marco jurídico adecuado para afrontar los problemas del siglo XXI, como el cambio climático, la economía globalizada, las migraciones, la pobreza y la seguridad. Es ilusorio pensar que para afrontar dichos retos, basta con convocar una cumbre para firmar un Tratado Internacional, cuando los Estados no pueden ponerse de acuerdo acerca de los términos del mismo. Si bien los distintos gobiernos pueden tomar medidas diplomáticas y comerciales para imponer que los países productores respeten unos mínimos medioambientales y laborales, no dejan de ser medidas aisladas que no inciden en la raíz del problema, la falta de una Organización Internacional con poderes efectivos, que salvaguarde los intereses globales, frente a los intereses nacionales.

De momento, y desde un punto de vista pragmático, deben vincularse necesariamente, los tratados comerciales al cumplimiento de una serie de objetivos como la reducción de emisiones o el respeto a los derechos de los trabajadores. Pensar en una nueva Organización de Naciones Unidas con poderes reforzados y con un Consejo de Seguridad democrático y capaz de imponer sus decisiones, no deja de ser un planteamiento teórico, alejado de los intereses nacionales.

Visibilidad democrática en la Unión Europea:

La semana pasada se designaron el Presidente permanente del Consejo de la Unión Europea y la Alta Representante para la Política Exterior de la UE. Las dos personas designadas resultan desconocidas para la mayoría de los ciudadanos europeos, lo que no implica que no puedan desarrollar sus cargos de forma efectiva y eficaz. Sin embargo, el proceso de designación ha pecado de falta de transparencia, lo que le resta legitimidad democrática a las personas elegidas. Los líderes de los 27 países miembros, Jefes de Estado o de Gobierno, reunidos en Bruselas han decidido los nombres de las personas encargadas de dirigir la UE. La intervención del cuerpo electoral, de los ciudadanos europeos, ha sido nula.

Para que Europa tenga peso político en la escena internacional requiere que se refuercen los mecanismos de legitimación democrática de sus cargos, por ello lo ideal hubiera sido que en las pasadas elecciones europeas del mes de junio, los distintos grupos políticos a nivel Europeo: conservadores, liberales, socialistas, verdes, izquierda libre europea, hubieran presentado candidatos a presidir las instituciones de la Unión. Sin duda, esto hubiera favorecido la participación y el interés de los ciudadanos por el proceso electoral.

Para liderar un proyecto colectivo es necesario conseguir la adhesión de los ciudadanos a través de un proceso electoral. Esta es, por ejemplo, la legitimación de la que goza Barack Obama, cuyo proyecto y carisma se ha traducido en apoyo masivo en las urnas. La Unión Europea necesita un proceso similar para afrontar los riesgos y las oportunidades de la globalización y mirar de tú a tú a las potencias hegemónicas. Por tanto, no sólo es necesario que exista una única voz, sino que es necesario que esta voz se encuentre legitimada a través de las elecciones al Parlamento Europeo.

Hasta tanto esto no se produzca, no habremos cambiado el paradigma de soberanía nacional que, hasta ahora reside en el pueblo de cada uno de nuestros Estados modernos, por el de soberanía europea o supranacional. Por tanto, cuanto antes habrá que recuperar el proyecto de Constitución Europea que haga recaer la soberanía supranacional europea en el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea.

Evidentemente existe vértigo a los cambios, y los dirigentes de los Estados Nación actuales no se atreven a avanzar hacia una transformación radical de la Historia de Europa. No obstante, el cambio se deberá producir más pronto que tarde, ya que sin una auténtica estructura institucional que refuerce el protagonismo de los ciudadanos, la Unión Europea no podrá responder a los retos de la globalización, como son el desigual reparto de los recursos, la deslocalización de la producción, la inmigración, el cambio climático, la pobreza y el subdesarrollo.

Nuevos retos, nuevas energías

Hoy comienzo una nueva etapa profesional. Voy a dirigir la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Alcalá de Guadaíra, gracias a la confianza depositada en mi por el Consejo Rector, formado por el Alcalde de Alcalá de Guadaíra, cuatro compañeros más de la corporación municipal, así como por el Delegado Provincial de Empleo y otros representantes de la Junta de Andalucía. Las competencias de este organismo consisten en la promoción empresarial, el apoyo a los emprendedores y el fomento del empleo en nuestra localidad. Su función es adaptar las políticas públicas de la Junta de Andalucía en materia de emprendimiento y empleo a las necesidades del territorio, en este caso Alcalá de Guadaíra, la ciudad que concentra el 40 % del tejido industrial y empresarial de la provincia de Sevilla y el 10 % del conjunto de Andalucía.

Sin duda supone un importante reto, más aún si tenemos en cuenta la coyuntura de crisis económica por la que atravesamos, que ha socavado los cimientos de un sistema productivo basado en la construcción residencial y el consumo interno de las familias. También la crisis ha terminado por arrastrar las industrias fácilmente deslocalizables, en las que la rentabilidad se obtenía del factor salarial y no de la innovación y el valor añadido. El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han apuntado que su política va dirigida a cambiar el modelo productivo hacia la economía sostenible, basada en la competitividad que ofrece la innovación tecnológica, la capacitación de los trabajadores y la decisión empresarial.

Esa debe ser la línea conductiva que debemos apoyar y potenciar en nuestra Ciudad, para que siga siendo pionera en España y en Andalucía en materia empresarial. Me sumo a ese proyecto, para trabajar en equipo, junto a Antonio Gutiérrez Limones, y al resto de compañeros de la Agrupación Local del PSOE y de la Corporación. Sin duda es un reto difícil, pero son dichos retos los que nos mueven a superarnos a las organizaciones y a las personas. El trabajo es la mejor forma de empezar a cumplir objetivos, así que a trabajar con toda la intensidad.

Recuperar el valor de la política

En tiempos de crisis como los actuales resulta imprescindible que la sociedad recupere la confianza en la Política, como único medio para salir de la crisis y cambiar los valores y principios que hasta hace poco habían regido en la economía y en la sociedad. Precisamente esta crisis se origina por una falta de políticas públicas, por la ausencia de control sobre los mercados financieros y por dejar campo abierto a la especulación y al dinero fácil. Por ello, sólo desde la Política se puede construir un proyecto colectivo que repare las injusticias del mercado, corrija las desigualdades, y coloque al ciudadano en el eje en torno al que debe girar la acción pública. En estos momentos no cabe recurrir a soluciones populistas, antidemocráticas o autoritarias, a pesar de que estos movimientos extremistas tienen mayor predicamento en circunstancias como las actuales.

Los últimos casos de corrupción no contribuyen a que la sociedad perciba la actividad política como imprescindible para salir de la crisis, deterioran la imagen de la política y de las personas que se dedican a la misma en su conjunto. Si bien está claro que los casos de corrupción constituyen un comportamiento individual de las personas que comenten los delitos, dichas acciones acaban contaminando a la inmensa mayoría de personas que participan en política con esfuerzo y dedicación. Para evitar que la manzana podrida acabe contaminando al resto, hay que reaccionar de forma inmediata, expulsando a los implicados y estableciendo un cordón sanitario para evitar nuevos casos.

Es responsabilidad de todos recuperar el prestigio de la política, ya que la democracia es un proyecto colectivo que a todos corresponde defender. Si los ciudadanos elegimos el camino de la abstención electoral y la falta de participación en los asuntos públicos, no estaremos contribuyendo a solucionar los problemas que nos atañen a todos, ni dignificando la acción de la política. Igualmente, la clase política se debe aun compromiso ético, y su actividad debe estar regida por valores fácilmente compartidos por el conjunto de la ciudadanía. No permitamos que comportamientos individuales empañen el honesto compromiso de muchos ciudadanos: votantes, militantes y cargos públicos, que dedican su tiempo a la Política.

La caja de solidaridad II, algunas respuestas

En el anterior apunte lanzaba algunas preguntas y he recibido respuestas muy interesantes, aunque sin duda en el segundo comentario se mojan más que los demás, aportando algunas soluciones. Voy a intentar dar mis respuestas de forma sintética, que pueden ser desarrolladas en próximos apuntes.

Respecto a la primera de las preguntas, resulta legítimo que los empresarios intenten sacar ventajas competitivas de la crisis. Los cambios son necesarios para relanzar la economía española, esto ya no lo puede dudar nadie, pero los cambios no pueden consistir en la reforma de la legislación laboral o de la Seguridad Social. Si se han de acometer reformas en esta materia debe ser con el Acuerdo de los agentes sociales, estando obligado el Gobierno a que se reduzcan las posturas encontradas. Sin embargo, más importante que modificar regulaciones como las indemnizaciones por despido, resulta el cambio de cultura empresarial y laboral. La empresa, si quiere tener un proyecto estable y generador de riqueza y prosperidad, debe asumir que el trabajador no es un factor más de producción, sino que es quien aporta valor a la actividad, por tanto debe sentirse desarrollado y cómodo en la empresa. Esto no es sólo una cuestión de salario, existen elementos mucho más importantes como la conciliación de la vida familiar y laboral.

A su vez el trabajador debe asumir también su propio cambio de cultura. Debe apostar por la formación y por la capacitación, por defender el valor de su trabajo en relación con la empresa. Debe asumir un papel protagonista en la productividad empresarial. Y en relación con el Estado y la aportación que recibe de éste, debe ser consciente que las prestaciones por desempleo o enfermedad son un derecho, vinculado a recobrar su empleabilidad, no una forma de vida o subsistencia. Cuando se produce un abuso de derecho, en última instancia se está llevando a cabo una vulneración del mismo derecho.

Respecto a la segunda pregunta, sobre la capacidad de aguante del Estado frente a la crisis, es cierto que se debe defender frente al fraude, sobre todo del fraude proveniente de los que más recursos tienen y más pretenden ocultar al Tesoro Público. Pero también debe adaptarse el Estado a las circunstancias contemporáneas y modificar algunos de sus sistemas de protección. Pretendo en siguientes apuntes hacer referencias a la defensa del Estado frente a los abusos de las corporaciones, los grupos de intereses y los particulares.

Respecto al Acuerdo Social y las tres últimas preguntas, sin duda ahora resulta más necesario que antes del verano. El tiempo transcurrido no ha servido para favorecer la inversión y frenar la destrucción de empleo. Debemos asumir que estamos ante un proyecto colectivo y que todas las partes deben renunciar a alguno de sus máximos para alcanzar un consenso. Por tanto, si hay que reformar la legislación laborar debe hacerse, pero con el objetivo de garantizar la creación de empleo, la estabilidad en el empleo y la protección social del trabajador, repartiéndose los costes entre el empresario y el Estado. En materia de Seguridad Social también debe estudiarse transformar el sistema de capitalización individual en un sistema de reparto colectivo, para asegurar el mínimo de cobertura a un segmento de población mayor.

Por tanto, abordemos las reformas necesarias, como el aumento de la edad de jubilación en determinados puestos de trabajo, las primas a determinados tipos de contratación, como las de tiempo parcial, la uniformidad del tipo de contrato de trabajo, para evitar desigualdades entre los distintos tipos de contratación. Pero el Acuerdo debe ser más ambicioso, debe proponer a la sociedad española un nuevo contrato social, basado en la creatividad y el emprendimiento, porque a la larga no existe el negocio fácil, todo requiere su esfuerzo.

La caja de solidaridad

Durante el siglo XIX la revolución industrial cambió profundamente la sociedad europea, probablemente supuso la mayor transformación de las relaciones humanas en la Historia. Los sistemas de producción industrial tuvieron como consecuencia que el trabajo de hombres, mujeres y niños fuera considerado un factor más de la producción, al que los propietarios debían sacar el mayor rendimiento. El trabajo fabril dieron como resultado el Movimiento Obrero, como reacción a la explotación que se producía del hombre por el hombre. El Movimiento Obrero tenía como principal herramienta la organización colectiva para la defensa de los intereses conjuntos de los trabajadores. Sólo de forma colectiva se podía hacer frente a los abusos de los propietarios del resto de los factores de producción y al propio sistema.

En el siglo XIX nacen los primeros sindicatos con la misión de organizar a los obreros frente a los patronos. Una de las primeras acciones que pusieron en marcha fue constituir una caja de solidaridad con las pequeñas aportaciones de cada uno de los afiliados. En caso de que alguno de ellos cayera enfermo o tuviera un accidente, se auxiliaba a él y a su familia a través del fondo común que constituía con la caja de solidaridad. Este es el origen primitivo de nuestro actual sistema de Seguridad Social.

Pero la caja de solidaridad también tenía otra utilidad. Cuando se producía el enfrentamiento entre los trabajadores y los propietarios, los primeros tenían como último recurso la huelga para forzar una mejora en sus condiciones laborales y de vida. Mientras duraba la huelga, el sostenimiento de los gastos de todos los trabajadores dependía de la caja de solidaridad. Los trabajadores podrían aguantar la huelga hasta que se agotaba el dinero de la caja. A partir de ahí aparecían las disensiones y muchos estaban obligados a volver al trabajo.

Este breve apunte histórico tiene que ver con la afirmación que hace poco me hacía un viejo sindicalista: “La diferencia que existe en una negociación colectiva entre el trabajador y el empresario, es que el empresario tiene más capacidad de aguante y puede esperar”.

Salvando las distancias, hoy nos encontramos con una situación similar. Ahora la caja de solidaridad ya no la gestiona cada sindicato, sino que es el Estado quien garantiza que exista un fondo común para atender a aquellas personas que no pueden trabajar, bien por edad, por enfermedad o accidente, o bien, por desempleo, porque los productores, atendiendo a las circunstancias del mercado, no pueden generar más trabajo. La cuestión es cuanto tiempo puede aguantar la Caja del Estado en una situación en que sale más dinero del que se ingresa.

Los empresarios están jugando su papel, esperar hasta que los efectos de la crisis se dejen sentir en la legislación laboral, abaratando el coste del despido y reduciéndose las cuotas que aportan a la Seguridad Social. Pueden esperar sin que se resienta su calidad de vida, porque conservan el capital y los beneficios obtenidos en el último decenio de economía pujante. Mientras que los trabajadores tienen garantizada su subsistencia, gracias a la protección que le brinda el Estado. Pero esta situación no puede durar mucho tiempo, ya que los recursos de la caja se agotan.

Hay varias preguntas que me gustaría resolver con vosotros:
- ¿Van a aguantar los empresarios el tiempo suficiente hasta que haya un nuevo parlamento en España que legisle de forma más favorable a sus intereses?
- ¿Va a aguantar el Estado con un porcentaje elevado de gasto social, si no se recupera pronto la actividad económica y los ingresos públicos?
- ¿Están dispuestos los empresarios, los trabajadores y el Gobierno a llegar a un Acuerdo Social para salir de forma conjunta de la crisis?
- ¿Es el momento en que todas las partes tienen que hacer sacrificios y renunciar a sus intereses?
- ¿Deben hacer mayores sacrificios los que han provocado la crisis o los que se han beneficiado de ella, o bien, los que están sufriendo sus efectos?