El Estado del Bienestar, tal y como se concibe en Europa en la segunda mitad del siglo XX, busca proteger al ciudadano, como trabajador en una economía de mercado, frente a eventualidades provocadas por los ciclos económicos, los ajustes en el mercado de trabajo o en las empresas. Así el propio Estado articula un sistema por el que en caso de que el individuo pierda su empleo involuntariamente percibirá una prestación económica, bien de naturaleza contributiva, en función del tiempo cotizado, o bien de naturaleza no contributiva, por lo que en algunos países dicha prestación se prolonga durante todo el tiempo en que la persona se encuentre en situación de desempleo. Esta prestación se configura por tanto como una protección social frente a la situación de desempleo, y por su propia naturaleza debe de estar orientada a que el trabajador se reinserte en el mercado de trabajo en el menor tiempo posible.
Es cierto, que la estructura económica de España, no permite que tengamos un mercado de trabajo dinámico que favorezca la rápida reinserción de los trabajadores, de ahí el empeño del Gobierno en el cambio de nuestro sistema productivo. Sin embargo, más allá de dicho cambio, resulta necesaria una revisión de las políticas pasivas y activas de empleo. Actualmente existe una dicotomía entre las políticas pasivas, encargadas fundamentalmente del abono de las prestaciones por desempleo, y las políticas activas de empleo, encargadas de la formación y cualificación de los trabajadores, de los incentivos a la contratación, del apoyo al autoempleo, del fomento de la actividad económica y el desarrollo local. Ambas políticas deben de estar coordinadas, tal y como se ha propuesto en la última reunión entre el Presidente del Gobierno y el Presidente de la Junta de Andalucía.
Las personas que trabajamos en el ámbito de las políticas activas de empleo veníamos detectando que la prestación no se puede convertir en un cheque en blanco, en primer lugar por la viabilidad económica del propio sistema, y en segundo lugar en beneficio del propio trabajador. Así resulta más eficiente económicamente y más favorable para el trabajador, incentivar una contratación a una empresa que el abono de la prestación, o apoyar el autoempleo de la persona desempleada, por ejemplo con una moratoria en el pago de las cuotas de autónomos, que el pago de una prestación.
Respecto a la formación, hoy acaba de aprobar el Senado una enmienda por la que los desempleados, con una antigüedad superior a 30 días, que no acepten un curso de formación perderán la prestación. Esta medida va en la línea de uno de mis apuntes anteriores en el que se demandaba un mayor grado de exigencia y responsabilidad social, esto implica que debemos ser exigente con la aplicación exacta de todas las prestaciones sociales, sobre todo educación, sanidad, seguridad social y dependencia. No resulta tolerable que habiendo invertido el Estado una partida económica en formación, un desempleado pueda rechazar dicha formación y continuar cobrando la prestación. Sin duda debemos hacer un esfuerzo por adecuar la formación a las necesidades del alumno, pero atendiendo a un criterio de coherencia y a un principio de responsabilidad social toda medida que favorezca la inserción laboral del desempleado debe ser aceptada por este, y en caso de ser rechazada anudarse unas consecuencias.
No obstante, aún quedan por dar más pasos en este reto de coordinar políticas activas y pasivas de empleo, siendo necesarias, entre otras medidas, incentivar el autoempleo en los desempleados, dando facilidades a los trabajadores autónomos. Urge trasladar al Parlamento y materializar el derecho de acceso a la condición de emprendedor.
