La caja de solidaridad II, algunas respuestas

En el anterior apunte lanzaba algunas preguntas y he recibido respuestas muy interesantes, aunque sin duda en el segundo comentario se mojan más que los demás, aportando algunas soluciones. Voy a intentar dar mis respuestas de forma sintética, que pueden ser desarrolladas en próximos apuntes.

Respecto a la primera de las preguntas, resulta legítimo que los empresarios intenten sacar ventajas competitivas de la crisis. Los cambios son necesarios para relanzar la economía española, esto ya no lo puede dudar nadie, pero los cambios no pueden consistir en la reforma de la legislación laboral o de la Seguridad Social. Si se han de acometer reformas en esta materia debe ser con el Acuerdo de los agentes sociales, estando obligado el Gobierno a que se reduzcan las posturas encontradas. Sin embargo, más importante que modificar regulaciones como las indemnizaciones por despido, resulta el cambio de cultura empresarial y laboral. La empresa, si quiere tener un proyecto estable y generador de riqueza y prosperidad, debe asumir que el trabajador no es un factor más de producción, sino que es quien aporta valor a la actividad, por tanto debe sentirse desarrollado y cómodo en la empresa. Esto no es sólo una cuestión de salario, existen elementos mucho más importantes como la conciliación de la vida familiar y laboral.

A su vez el trabajador debe asumir también su propio cambio de cultura. Debe apostar por la formación y por la capacitación, por defender el valor de su trabajo en relación con la empresa. Debe asumir un papel protagonista en la productividad empresarial. Y en relación con el Estado y la aportación que recibe de éste, debe ser consciente que las prestaciones por desempleo o enfermedad son un derecho, vinculado a recobrar su empleabilidad, no una forma de vida o subsistencia. Cuando se produce un abuso de derecho, en última instancia se está llevando a cabo una vulneración del mismo derecho.

Respecto a la segunda pregunta, sobre la capacidad de aguante del Estado frente a la crisis, es cierto que se debe defender frente al fraude, sobre todo del fraude proveniente de los que más recursos tienen y más pretenden ocultar al Tesoro Público. Pero también debe adaptarse el Estado a las circunstancias contemporáneas y modificar algunos de sus sistemas de protección. Pretendo en siguientes apuntes hacer referencias a la defensa del Estado frente a los abusos de las corporaciones, los grupos de intereses y los particulares.

Respecto al Acuerdo Social y las tres últimas preguntas, sin duda ahora resulta más necesario que antes del verano. El tiempo transcurrido no ha servido para favorecer la inversión y frenar la destrucción de empleo. Debemos asumir que estamos ante un proyecto colectivo y que todas las partes deben renunciar a alguno de sus máximos para alcanzar un consenso. Por tanto, si hay que reformar la legislación laborar debe hacerse, pero con el objetivo de garantizar la creación de empleo, la estabilidad en el empleo y la protección social del trabajador, repartiéndose los costes entre el empresario y el Estado. En materia de Seguridad Social también debe estudiarse transformar el sistema de capitalización individual en un sistema de reparto colectivo, para asegurar el mínimo de cobertura a un segmento de población mayor.

Por tanto, abordemos las reformas necesarias, como el aumento de la edad de jubilación en determinados puestos de trabajo, las primas a determinados tipos de contratación, como las de tiempo parcial, la uniformidad del tipo de contrato de trabajo, para evitar desigualdades entre los distintos tipos de contratación. Pero el Acuerdo debe ser más ambicioso, debe proponer a la sociedad española un nuevo contrato social, basado en la creatividad y el emprendimiento, porque a la larga no existe el negocio fácil, todo requiere su esfuerzo.

La caja de solidaridad

Durante el siglo XIX la revolución industrial cambió profundamente la sociedad europea, probablemente supuso la mayor transformación de las relaciones humanas en la Historia. Los sistemas de producción industrial tuvieron como consecuencia que el trabajo de hombres, mujeres y niños fuera considerado un factor más de la producción, al que los propietarios debían sacar el mayor rendimiento. El trabajo fabril dieron como resultado el Movimiento Obrero, como reacción a la explotación que se producía del hombre por el hombre. El Movimiento Obrero tenía como principal herramienta la organización colectiva para la defensa de los intereses conjuntos de los trabajadores. Sólo de forma colectiva se podía hacer frente a los abusos de los propietarios del resto de los factores de producción y al propio sistema.

En el siglo XIX nacen los primeros sindicatos con la misión de organizar a los obreros frente a los patronos. Una de las primeras acciones que pusieron en marcha fue constituir una caja de solidaridad con las pequeñas aportaciones de cada uno de los afiliados. En caso de que alguno de ellos cayera enfermo o tuviera un accidente, se auxiliaba a él y a su familia a través del fondo común que constituía con la caja de solidaridad. Este es el origen primitivo de nuestro actual sistema de Seguridad Social.

Pero la caja de solidaridad también tenía otra utilidad. Cuando se producía el enfrentamiento entre los trabajadores y los propietarios, los primeros tenían como último recurso la huelga para forzar una mejora en sus condiciones laborales y de vida. Mientras duraba la huelga, el sostenimiento de los gastos de todos los trabajadores dependía de la caja de solidaridad. Los trabajadores podrían aguantar la huelga hasta que se agotaba el dinero de la caja. A partir de ahí aparecían las disensiones y muchos estaban obligados a volver al trabajo.

Este breve apunte histórico tiene que ver con la afirmación que hace poco me hacía un viejo sindicalista: “La diferencia que existe en una negociación colectiva entre el trabajador y el empresario, es que el empresario tiene más capacidad de aguante y puede esperar”.

Salvando las distancias, hoy nos encontramos con una situación similar. Ahora la caja de solidaridad ya no la gestiona cada sindicato, sino que es el Estado quien garantiza que exista un fondo común para atender a aquellas personas que no pueden trabajar, bien por edad, por enfermedad o accidente, o bien, por desempleo, porque los productores, atendiendo a las circunstancias del mercado, no pueden generar más trabajo. La cuestión es cuanto tiempo puede aguantar la Caja del Estado en una situación en que sale más dinero del que se ingresa.

Los empresarios están jugando su papel, esperar hasta que los efectos de la crisis se dejen sentir en la legislación laboral, abaratando el coste del despido y reduciéndose las cuotas que aportan a la Seguridad Social. Pueden esperar sin que se resienta su calidad de vida, porque conservan el capital y los beneficios obtenidos en el último decenio de economía pujante. Mientras que los trabajadores tienen garantizada su subsistencia, gracias a la protección que le brinda el Estado. Pero esta situación no puede durar mucho tiempo, ya que los recursos de la caja se agotan.

Hay varias preguntas que me gustaría resolver con vosotros:
- ¿Van a aguantar los empresarios el tiempo suficiente hasta que haya un nuevo parlamento en España que legisle de forma más favorable a sus intereses?
- ¿Va a aguantar el Estado con un porcentaje elevado de gasto social, si no se recupera pronto la actividad económica y los ingresos públicos?
- ¿Están dispuestos los empresarios, los trabajadores y el Gobierno a llegar a un Acuerdo Social para salir de forma conjunta de la crisis?
- ¿Es el momento en que todas las partes tienen que hacer sacrificios y renunciar a sus intereses?
- ¿Deben hacer mayores sacrificios los que han provocado la crisis o los que se han beneficiado de ella, o bien, los que están sufriendo sus efectos?