viernes, 28 de noviembre de 2014

El programa económico de podemos

Ayer presentó Podemos la base de su programa económico, en cuya elaboración han participado Juan Torres y Vicenc Navarro. Sus ideas no son nuevas, parte de las mismas ya se contemplaban en el libro Hay Alternativas, que por cierto firman estos economistas junto con Alberto Garzón. Todas las propuestas que vengan encaminadas a salir del agujero económico en el que nos encontramos deben ser tomadas en consideración y no desdeñadas a priori.

En primer lugar parece evidente que su programa se ha moderado bastante con respecto al que presentaron en las elecciones europeas. Sus impulsores pretenden ocupar posiciones más centradas del espectro ideológico con la finalidad última de contar con una mayor expectativa de voto. Una opción inteligente, pero que no se compadece bien con la idea de que sean las bases las que elaboren un programa. Y lo hacen así porque las bases de podemos, al menos las inicialmente más activas están mucho más a la izquierda que este programa. Por tanto, de entrada Podemos ya está actuando como lo que ellos autodenominan casta, encargar a expertos aquello que difícilmente surgiría de sus propias bases.

En segundo lugar y en cuanto a las propuestas concretas, parece que no afrontan el principal reto de las economías europeas, adaptar su esquema fiscal, productivo y de relaciones laborales a los retos que plantea la propia globalización. Nos podrá parecer un fenómeno pernicioso, neutro o positivo, pero la globalización está transformando el mundo más rápido de lo que muchos preveían.

Comparto algunas de las propuestas, como aquellas que van dirigidas al reforzamiento del sector público, a contar con una fiscalidad más progresiva y a la lucha contra el fraude fiscal. No obstante, tienen que hacerse de tal forma que se evite la fuga de capitales, en un mundo en que la movilidad y el traslado de los domicilios fiscales es cada vez es más fácil. Por tanto, no hay que olvidar la complejidad de ejecutar tales propósitos. Como decía Colbert, frase vigente hoy más que nunca, “el arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso de tal forma que se obtenga la mayor cantidad de plumas con el menos ruido”.

Otras de las propuestas que a mi juicio deben ser revisadas o cuanto menos contrastadas, son las referidas a la regulación laboral y a la renta básica. Creo que la renta básica debe estar necesariamente orientada a la reinserción de las personas al mercado de trabajo. La percepción de un subsidio de este tipo debe servir, o bien para mejorar la formación, o bien para perfeccionar tu cualificación profesional en algún campo concreto. Una medida de este tipo sin que exista una contraprestación del perceptor no estaría contrastada con la realidad española.

En cuanto a la regulación laboral no comparto introducir excesiva rigidez en el mercado de trabajo, como la jornada obligatoria de 35 horas semanales, la jubilación a los 60 o desincentivar los contratos a tiempo parcial.

Habrá actividades en las que sea necesaria una jornada menor para un mejor reparto del tiempo del trabajo entre más personas, sobre todo en ámbitos de escasa cualificación, mientras que en otros sectores sería contraproducente. Habrá profesiones en las que sea necesaria la jubilación a los 60 y otras en las que no. Habrá personas que demanden una jornada a tiempo parcial de verdad y otras personas que la requieran a tiempo completo, lo mismo ocurrirá con las empresas.

En las circunstancias actuales y dado nuestro tejido productivo orientado al sector servicios y al turismo, necesitamos dar mayor flexibilidad a la forma de organizar el trabajo, siempre y cuando se preserven los derechos de los trabajadores y se persiga y sancione a las empresas que no cumplan, como por ejemplo con la obligación de dar de alta al trabajador por el número de horas efectivas de trabajo.

Necesitamos caminar hacia modelos de relaciones laborales que funcionan ya en Europa, como el danés o el austriaco, en el que se ofrece flexibilidad de organización a la empresa, pero a su vez se ofrece seguridad al trabajador que encuentra la protección del Estado y del resto de poderes públicos.

Así mismo, para aflorar el empleo sumergido, que a quien más perjudica es al trabajador que no cotiza, debemos ofrecer a las empresas un régimen estable de contratación, así como reducir las cotizaciones al empleador, financiando la Seguridad Social vía impuestos generales, como por ejemplo mediante un impuesto de sociedades más efectivo y gravoso con las grandes multinacionales.

jueves, 9 de octubre de 2014

Una salida constitucional para después del 9 de noviembre

Por parte de las instituciones, tanto del Estado, como de la Generalitat de Cataluña, no ha existido interés en llegar a un acuerdo para ofrecer una salida política al actual conflicto territorial que se vive en esa Comunidad. Cada uno de los actores ha fijado sus posiciones, unos alargando el órdago y otros parapetados en una legalidad inflexible.

Para dar una salida política y jurídica, con pleno sustento jurídico y legal, lo primero que hay que tener claro es que en un Estado Democrático como España no se puede contraponer legalidad a democracia, ya que ambas son caras de la misma moneda, puesto que las leyes emanan de la voluntad popular representada en los parlamentos elegidos democráticamente. Y en segundo lugar que todas las normas jurídicas son susceptibles de modificación, la propia Constitución española así lo prevé en su Título X. Sin embargo, para su reforma es imprescindible seguir un procedimiento establecido, es lo que en Derecho se conoce como el paralelismo de las formas.

Por tanto, para reformar la configuración del Estado, su integridad territorial, o la forma de descentralización de los poderes es necesario contar con todos los ciudadanos españoles, en los que reside la soberanía nacional, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Constitución. Por tanto, lo que a todos afecta, por todos debe ser decidido.

Si una parte importante de la ciudadanía española desea cambiar la configuración del Estado, y este es un hecho evidente tras las sucesivas manifestaciones de las últimas diadas en Cataluña, debe ser el Gobierno común, el Gobierno del Estado, el que convoque a la ciudadanía ha pronunciarse sobre la cuestión.

El Gobierno Central no puede actuar como si el problema no existiera, tratando de ocultarlo o de vaciarlo de contenido parapetado en el marco jurídico actual. Como todo problema político, el Gobierno debe coger la iniciativa, realizar un diagnóstico de la situación y buscar la mejor fórmula jurídica de solucionar el problema. Casi siempre el agente político que coge la iniciativa y pilota el conflicto es el que acaba generando una solución lo más cercana posible a sus principios y objetivos.

Y el llamado problema catalán no se va a resolver hasta tanto la ciudadanía no se pueda expresar en un Referendum legal y con todas las garantías sobre la integridad del Estado y la estructura territorial de España. Ya que la principal demanda que piden los ciudadanos de esa comunidad es que se pueda votar. Un argumento tan básico y sencillo, que resulta difícilmente rechazable.

Así el Gobierno de España debería asumir la iniciativa y optar abiertamente por realizar un referéndum al conjunto de la ciudadanía española, como único sujeto legitimado para ejercer la soberanía.

Para ello, existe la vía jurídica del artículo 92 de la Constitución que ofrece la posibilidad de celebrar un referéndum sobre las decisiones políticas de especial trascendencia. El referéndum sería convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. Esto exigiría un consenso lo más amplio posible entre los partidos políticos representados en la cámara baja.

Con carácter previo sería necesario realizar una reforma de la Ley Orgánica 2/1980, sobre regulación de modalidades de referendum, de modo que sirviera como Ley de Claridad en España, en el sentido que se utilizó en Canadá en el proceso separatista de Quebec, que finalmente quedó abortado.

La Ley de reforma de la Ley Orgánica 2/1980 debería incorporar un nuevo capítulo específico sobre referendum a cerca de la integridad y estructura territorial del Estado. Este nuevo capítulo debería establecer con claridad como se desarrolla el proceso y que consecuencias jurídicas tendría el resultado.

En cuanto al proceso resulta básico exigir que una vez convocado, no puede volver a convocarse hasta un periodo muy prologando de tiempo, de forma que la cuestión quede zanjada al menos para una generación.

Otro asunto cardinal es la formulación de la pregunta al conjunto de la ciudadanía española, de forma que se puedan contemplar las distintas sensibilidades territoriales en las distintas comunidades autónomas.

Así la papeleta podría estar conformada por varias alternativas, de forma que la elección no se sustancie entre un sí y un no. Una propuesta podría ser la siguiente:

“En materia de integridad y estructura del Estado usted desearía:
- La reforma del actual Estado Autonómico.
- La configuración de un Estado Federal.
- La independencia de la Comunidad Autónoma donde resido”.

En cuanto al resultado y las consecuencias del proceso debe establecerse en la propia Ley de reforma del Ley Orgánica 2/1980. Un ejemplo de referencia podría ser lo dispuesto en la Ley de Claridad canadiense. En todo caso debe exigirse que sólo se podrían desencadenar efectos jurídicos directos si se alcanzase una mayoría cualificada por algunas de las opciones en un determinado territorio. Esta mayoría cualificada debería medirse sobre un porcentaje del censo y no sólo de los votantes, ya que es una decisión que afecta al núcleo mismo de la configuración del Estado. En definitiva no debe bastar con la mitad más uno de los votos para que se produzcan consecuencias jurídicas.

En segundo lugar, para desencadenarse efectos o cambios tanto en la integridad como en la estructura territorial, especialmente en lo que se refiere a la independencia del territorio de una Comunidad Autónoma, se debe exigir que haya un consenso entre las distintas partes que componen los territorios que optaran por la segregación. De tal forma que si el actual territorio de una Comunidad Autónoma se compone de cuatro, o de tres provincias, en todas ellas debe darse un resultado claro a favor de una opción, y singularmente sobre la independencia. Puesto que si se valora una eventual segregación de una parte del territorio de España del Estado, también se debe contemplar la permanencia en España de una parte de la Comunidad Autónoma que quiera optar por la segregación.

Así mismo, en la propia Ley Orgánica de referéndum o en su caso en los Acuerdos a los que se pueda llegar en el Congreso de los Diputados se debe dejar claro que consecuencias acarrearía optar por cada una de las opciones. Y singularmente dejar claro que los efectos de una eventual independencia provocaría la salida del territorio de la Unión Europea, del Euro, la asunción de la deuda pública equivalente a su peso el PIB, así como las medidas arancelarias a la comercialización de productos propias de estados independientes.

Una vez escrutado el resultado del referéndum, corresponderá a los grupos políticos hacer una interpretación del mismo y conducir los cambios constitucionales para adecuarlos a las demandas mayoritarias de la sociedad española o de una comunidad autónoma determinada.

A modo de conclusión, parece evidente que ante una demanda social todo Gobierno está obligado a dar respuesta, y una parte importante del pueblo catalán demanda votar sobre su forma de anclaje en España. Por eso, porque se debate sobre España debe ser el Gobierno Central el que pregunte a todos los ciudadanos, ofreciendo distintas alternativas, exigiendo mayorías cualificadas y sobre todo dejando claro las consecuencias que las decisiones llevan aparejadas.