El 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz conquistaba en Referéndum el derecho de acceso a la autonomía política, lo que le permitiría constituirse en Comunidad Autónoma, con el mismo nivel de autogobierno que las consideradas históricas. A pesar de que las condiciones de acceso a la autonomía impuestas eran muy exigentes, se consiguió la autonomía plena, gracias al voto masivo de los andaluces, que reivindicaron en las urnas nuestra propia dignidad.
Se lanzó un mensaje claro y contundente, en la nueva etapa democrática, los andaluces queríamos ser dueños de nuestro propio futuro, tomar nuestras propias decisiones y contar con instituciones propias que nos representaran a todos. Gracias a la autonomía se invirtió el sino histórico de los últimos dos siglos, en los que Andalucía había permanecido ajena a fenómenos como la revolución industrial y el desarrollo económico y social. El hecho de dotarnos de autogobierno nos permitió contar con recursos propios para desarrollar nuestro territorio de forma propia y cohesionada.
En estos últimos 30 años Andalucía ha sido referente en España en cuestiones tan avanzadas como las comunicaciones de alta velocidad, la investigación sanitaria y biomédica, los avances en derechos sociales o las energías renovables. Gracias a nuestra autonomía hemos podido difundir al mundo que somos un pueblo creativo, apasionado, emprendedor y solidario.
Sin duda nuestro hecho diferencial reside en las políticas sociales, así somos la primera Comunidad Autónoma en desarrollar la Ley de la Dependencia, somos la primera Comunidad Autónoma en disponer de complementos para las pensiones mínimas y la primera en investigación con células madres en nuestra sanidad pública. Por tanto, durante este periodo hemos recuperado el retraso histórico acumulado y Andalucía ha dejado de ser una anomalía histórica, para incorporarse en pie de igualdad a una Europa Unida, en las mismas de condiciones que el resto de ciudadanos de las regiones más prosperas de Europa.
Evidentemente aún nos queda mucho camino por recorrer, y las instituciones de la Comunidad Autónoma persiguen como objetivo esencial aumentar nuestra capacidad de generar empleo. Para ello es fundamental contar con instituciones propias que impidan que nuestro desarrollo económico dependa de decisiones tomadas fuera de nuestro territorio. Así el empleo supone la prioridad máxima en nuestra Comunidad y todas las acciones están enfocadas hacia ese objetivo. En una etapa como la actual, la Junta de Andalucía ha invertido más de 480 millones de euros en planes especiales de empleo para favorecer la inserción en el mercado de trabajo de las personas que han perdido su puesto de trabajo.
Por tanto, las instituciones de nuestro autogobierno permiten que podamos desarrollar nuestras propias potencialidades, y son aún más necesarias en momentos como los actuales, en los que una crisis económica global ha provocado el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo. Lo que demandamos a nuestras instituciones es que Andalucía pueda explotar sus propias capacidades autóctonas de emprendimiento.
