La caja de solidaridad II, algunas respuestas

En el anterior apunte lanzaba algunas preguntas y he recibido respuestas muy interesantes, aunque sin duda en el segundo comentario se mojan más que los demás, aportando algunas soluciones. Voy a intentar dar mis respuestas de forma sintética, que pueden ser desarrolladas en próximos apuntes.

Respecto a la primera de las preguntas, resulta legítimo que los empresarios intenten sacar ventajas competitivas de la crisis. Los cambios son necesarios para relanzar la economía española, esto ya no lo puede dudar nadie, pero los cambios no pueden consistir en la reforma de la legislación laboral o de la Seguridad Social. Si se han de acometer reformas en esta materia debe ser con el Acuerdo de los agentes sociales, estando obligado el Gobierno a que se reduzcan las posturas encontradas. Sin embargo, más importante que modificar regulaciones como las indemnizaciones por despido, resulta el cambio de cultura empresarial y laboral. La empresa, si quiere tener un proyecto estable y generador de riqueza y prosperidad, debe asumir que el trabajador no es un factor más de producción, sino que es quien aporta valor a la actividad, por tanto debe sentirse desarrollado y cómodo en la empresa. Esto no es sólo una cuestión de salario, existen elementos mucho más importantes como la conciliación de la vida familiar y laboral.

A su vez el trabajador debe asumir también su propio cambio de cultura. Debe apostar por la formación y por la capacitación, por defender el valor de su trabajo en relación con la empresa. Debe asumir un papel protagonista en la productividad empresarial. Y en relación con el Estado y la aportación que recibe de éste, debe ser consciente que las prestaciones por desempleo o enfermedad son un derecho, vinculado a recobrar su empleabilidad, no una forma de vida o subsistencia. Cuando se produce un abuso de derecho, en última instancia se está llevando a cabo una vulneración del mismo derecho.

Respecto a la segunda pregunta, sobre la capacidad de aguante del Estado frente a la crisis, es cierto que se debe defender frente al fraude, sobre todo del fraude proveniente de los que más recursos tienen y más pretenden ocultar al Tesoro Público. Pero también debe adaptarse el Estado a las circunstancias contemporáneas y modificar algunos de sus sistemas de protección. Pretendo en siguientes apuntes hacer referencias a la defensa del Estado frente a los abusos de las corporaciones, los grupos de intereses y los particulares.

Respecto al Acuerdo Social y las tres últimas preguntas, sin duda ahora resulta más necesario que antes del verano. El tiempo transcurrido no ha servido para favorecer la inversión y frenar la destrucción de empleo. Debemos asumir que estamos ante un proyecto colectivo y que todas las partes deben renunciar a alguno de sus máximos para alcanzar un consenso. Por tanto, si hay que reformar la legislación laborar debe hacerse, pero con el objetivo de garantizar la creación de empleo, la estabilidad en el empleo y la protección social del trabajador, repartiéndose los costes entre el empresario y el Estado. En materia de Seguridad Social también debe estudiarse transformar el sistema de capitalización individual en un sistema de reparto colectivo, para asegurar el mínimo de cobertura a un segmento de población mayor.

Por tanto, abordemos las reformas necesarias, como el aumento de la edad de jubilación en determinados puestos de trabajo, las primas a determinados tipos de contratación, como las de tiempo parcial, la uniformidad del tipo de contrato de trabajo, para evitar desigualdades entre los distintos tipos de contratación. Pero el Acuerdo debe ser más ambicioso, debe proponer a la sociedad española un nuevo contrato social, basado en la creatividad y el emprendimiento, porque a la larga no existe el negocio fácil, todo requiere su esfuerzo.