Esta semana el Gobierno ha anunciado que propondrá a la comisión del Pacto de Toledo la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años de forma progresiva. Tal y como afirmé en un apunte anterior la caja de solidaridad requiere que existan más ingresos que gastos para seguir funcionando. Con las actuales previsiones demográficas resulta evidente que hay que actualizar el sistema de pensiones y de Seguridad Social para la propia supervivencia del mismo. Los cambios en los niveles de esperanza de vida, en las relaciones laborales y en los métodos de trabajo, obligan a que se revise la edad de jubilación, ya que en la actualidad un beneficiario medio del sistema público de pensiones percibe sus prestaciones durante un periodo mayor, en comparación con los beneficiarios de hace 30 años.
Por tanto, con el objetivo último de preservar nuestro sistema público de protección social debemos de acometer los cambios y los ajustes necesarios, de lo contrario se puede dar la paradoja de que por no hacer nada, la caja de solidaridad se vacíe y se ofrezca en bandeja la liquidación del sistema a los que defienden tesis liberales.
Pero no basta con que se produzcan estos ajustes o modificaciones de nuestro sistema colectivo de Seguridad Social, corresponde a los poderes públicos ser más exigentes en la gestión del mismo. Hay que lanzar un mensaje claro de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Para la supervivencia del sistema resulta imprescindible que ninguna empresa o ciudadano defraude al mismo, castigando a aquellos que ponen en riesgo la caja de solidaridad y los fondos públicos. Este nivel de exigencia supondría que no se pudiera compatibilizar el cobro de una prestación de la Seguridad Social, con cualquier otro tipo de ingresos procedentes de actividades económicas o laborales no declaradas.
El desempleo provocado por la crisis económica ha alcanzado en números absolutos el punto más alto de nuestra historia, nuestro sistema público de Seguridad Social ha permitido que las personas en paro puedan seguir haciendo frente a sus gastos de vivienda, alimentación, transporte, ocio, etc. En muchos casos se van agotando los periodos de cobros de las prestaciones, lo que pone en una situación difícil a muchas familias. Para estos casos sería conveniente reconocer rentas sociales básicas.
Sin embargo, los beneficiarios de las prestaciones tienen dos compromisos adquiridos con el conjunto de la sociedad. El primero consiste en buscar de forma activa un nuevo empleo, para lo que tendrá que participar en todas las actividades formativas y de reciclaje profesional, incluidos talleres de empleo, que se le ofrezcan. El segundo consistiría en no defraudar al sistema, obteniendo otros ingresos no declarados.
Según los últimos cálculos el abono de las prestaciones por desempleo ha consumido la mitad del superávit de la Seguridad Social alcanzado antes de la crisis. Algunos desde sus planteamientos ideológicos pueden proponer suprimir las prestaciones por desempleo, yo planteo lo contrario ampliarlas y extenderlas, pero garantizando un elevado nivel de exigencia social a las personas desempleadas. Así mismo, habría que introducir reformas para ajustar las prestaciones por desempleo a las cargas familiares y personales de los beneficiarios.