Esta semana el Gobierno ha anunciado que propondrá a la comisión del Pacto de Toledo la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años de forma progresiva. Tal y como afirmé en un apunte anterior la caja de solidaridad requiere que existan más ingresos que gastos para seguir funcionando. Con las actuales previsiones demográficas resulta evidente que hay que actualizar el sistema de pensiones y de Seguridad Social para la propia supervivencia del mismo. Los cambios en los niveles de esperanza de vida, en las relaciones laborales y en los métodos de trabajo, obligan a que se revise la edad de jubilación, ya que en la actualidad un beneficiario medio del sistema público de pensiones percibe sus prestaciones durante un periodo mayor, en comparación con los beneficiarios de hace 30 años.
Por tanto, con el objetivo último de preservar nuestro sistema público de protección social debemos de acometer los cambios y los ajustes necesarios, de lo contrario se puede dar la paradoja de que por no hacer nada, la caja de solidaridad se vacíe y se ofrezca en bandeja la liquidación del sistema a los que defienden tesis liberales.
Pero no basta con que se produzcan estos ajustes o modificaciones de nuestro sistema colectivo de Seguridad Social, corresponde a los poderes públicos ser más exigentes en la gestión del mismo. Hay que lanzar un mensaje claro de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Para la supervivencia del sistema resulta imprescindible que ninguna empresa o ciudadano defraude al mismo, castigando a aquellos que ponen en riesgo la caja de solidaridad y los fondos públicos. Este nivel de exigencia supondría que no se pudiera compatibilizar el cobro de una prestación de la Seguridad Social, con cualquier otro tipo de ingresos procedentes de actividades económicas o laborales no declaradas.
El desempleo provocado por la crisis económica ha alcanzado en números absolutos el punto más alto de nuestra historia, nuestro sistema público de Seguridad Social ha permitido que las personas en paro puedan seguir haciendo frente a sus gastos de vivienda, alimentación, transporte, ocio, etc. En muchos casos se van agotando los periodos de cobros de las prestaciones, lo que pone en una situación difícil a muchas familias. Para estos casos sería conveniente reconocer rentas sociales básicas.
Sin embargo, los beneficiarios de las prestaciones tienen dos compromisos adquiridos con el conjunto de la sociedad. El primero consiste en buscar de forma activa un nuevo empleo, para lo que tendrá que participar en todas las actividades formativas y de reciclaje profesional, incluidos talleres de empleo, que se le ofrezcan. El segundo consistiría en no defraudar al sistema, obteniendo otros ingresos no declarados.
Según los últimos cálculos el abono de las prestaciones por desempleo ha consumido la mitad del superávit de la Seguridad Social alcanzado antes de la crisis. Algunos desde sus planteamientos ideológicos pueden proponer suprimir las prestaciones por desempleo, yo planteo lo contrario ampliarlas y extenderlas, pero garantizando un elevado nivel de exigencia social a las personas desempleadas. Así mismo, habría que introducir reformas para ajustar las prestaciones por desempleo a las cargas familiares y personales de los beneficiarios.
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3 comentarios:
Estimado Amigo:
Suscribo tu artículo al 100%, pero te planteó una cuestión. ¿Crees que es el momento más idóneo de lanzar este debate a la calle? ¿ No te parecería mejor resolver la hasta ahora hipotética "reforma laboral"? Creo que el Gobierno se equivoca en los tiempos, no en el contenido, y esto en esta situación no le beneficia lo más mínimo. Te invito a visitar mi blog http://ismaeljamali1.blogspot.com/.
Un saludo.
Gracias por compartir la reflexión Ismael, espero poder debatir contigo este tema con más profundidad, pero en cierta forma si creo que los tiempos no están bien gestionados. Creo que estos debates de calado habría que haberlos planteado a principio de la legislatura, previendo la situación a la que nos avocábamos.
Un saludo visitaré tu blog
Estoy de acuerdo con el planteamiento general de tu artículo, de tus reflexiones y del trasfondo de la medida. Añadiría además que habría que ser realistas y ver la implicación que nos supone a los actuales cotizantes la medida porque realmente considero que supone un pequeño o gran esfuerzo adicional, depende de quien opine, pero que nos puede garantizar el futuro, porque yo me pregunto de qué nos sirve invertir en el sistema si no tenemos garantizado el retorno. Pues garanticemos, esto es, aseguremos una renta aunque sea menor que la actual que corre peligro ya que esto traerá certidumbre en tiempos precisamente de incertidumbre.
En cuanto al tema de los tiempos discrepo ya que hay actuar cuando hay que actuar y no se puede dilatar más la decisión. Es fácil decir que estas decisiones se tomen en época de bonanzas económicas pero aún en esos momentos es difícil de digerir ya que no existe una verdadera cultura económica en la sociedad lo que ha provocado también algún que otro disgusto en las familias que se han sobreendeudado.( Ya sé que el sistema en general, los bancos, las administraciones etc... no han vigilado bien, pero al final las decisiones siempre son individuales). En las épocas de bonanza el gobierno lo que ha hecho ha sido inyectar dinero público (de impuestos) al Sistema de Pensiones aunque nunca ha llegado a garantizar el actual sistema de reparto.
Por otro lado creo que cada uno de nosotros deberíamos hacer cálculos realmente si un aumento del número de años considerados para el cálculo de la pensión supone realmente una reducción de la misma en la mayoría de las personas, o sólo lo supone en aquellas personas que cotizan lo mínimo durante casi toda su vida para ampliarla cuando empieza a contar el cálculo y que yo llamo los "listillos" o aprovechados del sistema y de la caja de solidaridad como la llamas tú Jesús y yo creo que todos conocemos a alguien que cuando se hace un bote o se paga a "pachas" se escaquea. Eso no debemos permitirlo y los socialistas menos aún.
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