El derecho penal como último recurso

Un blog sirve para poner en orden tus propias ideas, además de para comunicar un mensaje de la forma más global posible, voy a intentar hacerlo en relación con dos sucesos ocurridos en Andalucía que me han conmocionado en los últimos días y que van mucho más allá de la violencia juvenil. Se trata de delitos cometidos al amparo del grupo y que constituyen la mayor agresión que se puede cometer contra la dignidad de una mujer, en los casos sucedidos de niñas. Y todos le hemos dado vuelta a la misma idea, a la misma pregunta ¿Cómo es posible que menores de edad, jóvenes que apenas han pasado a la adolescencia agredan sexualmente y lo hagan de forma tan brutal?

Nos encontramos con un grave problema social, que tiene su origen en una falta de educación sobre la responsabilidad de los propios actos. En la anterior entrada ya analizaba los problemas educativos en nuestra Comunidad, sin embargo, aún resulta más grave la proliferación de la violencia juvenil gratuita y de los delitos cometidos por menores de edad.

En estos días muchos han planteado que la solución sería reformar la Ley Penal del Menor para el endurecimiento de las penas y para reducir la edad penal hasta los 12 años. Sin embargo, dudo que esta medida por sí sola sea efectiva para acabar con el problema, ya que habría que atacar el delito mucho antes de que este se produjera, no con posterioridad. La pena como instrumento del Estado de Derecho castiga al delincuente una vez que el delito se ha producido, por eso decimos que el derecho penal es el último recurso que le queda a la sociedad para protegerse. Por tanto, para prevenir la comisión de delitos es necesario que antes corrijamos todos los comportamientos de los individuos que sean moral o socialmente reprochables, independientemente de la edad que tengan y de su gravedad. Dicha tarea educativa, cuyo instrumento más eficaz serían los castigos proporcionados, debe comenzar en la familia, para continuar por la escuela y por el conjunto de la sociedad. Así, cuando cualquier adolescente agreda verbalmente o físicamente a otra persona, infrinja las normas de comportamiento, incluso de circulación, debe ser castigado por ello, para que conozca las consecuencias y la repercusión de sus actos. Si dichos comportamientos quedan impunes, el infractor se cree con licencia o potestad suficiente para poder hacer cualquier cosa.

Sin embargo, esta misma mañana me comentaba una amiga, con más experiencia que yo, porque ya es madre de dos hijos, que la escuela y la sociedad no apoyan a la familia en esta tarea educativa, que no siguen sus pasos, desentendiéndose del futuro de nuestros jóvenes. Y creo que tiene razón, que es necesario un gran acuerdo colectivo para responsabilizarnos entre todos de la educación de los menores. Debemos aprobar medidas para permitir que los hijos pasen más tiempo con los padres y cuenten con esa figura de referencia, la tantas veces hablada y manoseada conciliación de la vida familiar y laboral y nunca conseguida. Debemos de dotar de mayor autoridad al profesorado y devolver la disciplina a las aulas, como primer entorno de sociabilización de los menores. Debemos contar con mediadores sociales, trabajadores de proximidad y policías locales especializados que trabajen en los barrios y entornos urbanos para prevenir los comportamientos incívicos de los menores. Y probablemente existan muchas medidas más que os propongo para el debate.

Por tanto, la gravedad de la pena no influye en la disminución de los índices de delincuencia, de hecho está estadísticamente comprobado que la pena de muerte no reduce los casos de asesinatos, lo que reduce dichos índices es la perseguibilidad de todos los delitos.