Esta semana hemos comprobado que los dos grandes partidos políticos de España son capaces de llegar a un acuerdo para reformar la Constitución, algo que no había ocurrido hasta ahora en los 33 años de vida de nuestra Carta Magna, si excluimos la reforma del 92 con un alcance muy limitado y que no generó ningún tipo de rechazo. En principio esta noticia debe ser tomada como una noticia positiva, ya que nuestra democracia estaba falta de grandes consensos y acuerdos para las reformas estructurales.
Además debe ser considerada una buena noticia porque deja patente que la Constitución de 1978 puede ser reformada y esto, sin duda, es muy importante, ya que en nuestra historia constitucional aquellas constituciones que no podían ser reformadas por falta de consensos, quedaban derogadas a golpe de espadón militar.
Sin embargo, esta aparente buena noticia no lo es tanto si atendemos a cómo se ha gestado la reforma. Se ha gestado tras el anuncio por el presidente en el pleno del Congreso y en menos de una semana los grupos ya tenían un texto cerrado para un nuevo artículo 135.
Como ciudadano y como jurista creo que la reforma debía haber seguido otro procedimiento, mucho más participativo. Si en nuestro ordenamiento jurídico se tarda una media de seis meses en modificar un decreto sobre pesca recreativa y damos trámite de audiencia a un sin fin de colectivos, no podemos modificar la Constitución sin debate, sin el pronunciamiento de los órganos superiores del Estado, y lo más importante sin el pronunciamiento de la ciudadanía.
La Constitución es el reflejo de la voluntad suprema de los ciudadanos de una nación y su modificación debe emanar necesariamente del cuerpo electoral y esto significa que, o bien los ciudadanos han dado su apoyo a la reforma porque han votado mayoritariamente a un partido que la llevaba en su programa electoral, o bien se han pronunciado sobre la misma en referendum.
Como es obvio que los partidos políticos no llevaron en su programa electoral esta reforma en el año 2008, debían haberla incluido en su programa para las próximas elecciones generales para la que faltan menos de 90 días y haber pospuesto hasta ese momento la reforma constitucional. Así durante la campaña podían haber explicado a los ciudadanos sus razones para aprobar esta modificación. De no ser posible la espera, como muchos nos tememos, por la presión de los mercados, debe convocarse un referendum para que se apruebe por los españoles y para que se debata en profundidad qué se pretende conseguir con la misma.
Si se hace una reforma constitucional con esta velocidad, sin apenas tiempo para el debate ciudadano y de las organizaciones sociales, y sin que se convoque un referendum estamos ante la constatación más que evidente de que se ha producido una cesión de soberanía de los ciudadanos españoles hacia los llamados mercados financieros o hacia los mandatarios de potencias extranjeras.
Distinto sería que la decisión hubiera emanado del Parlamento Europeo y que los eurodiputados votados por los españoles se hubieran pronunciado y manifestado sobre la medida, entonces estaríamos ante una cesión de soberanía hacia instancias supranacionales como la Unión Europea que sería admisible desde el punto de vista democrático. Lo que no es admisible es que la reforma haya sido dictada desde la Cancillería Alemana o desde el palacio del Eliseo.
Y es que sin querer entrar en este apunte en el fondo de la cuestión sobre el déficit de las cuentas públicas, rechazo de manera frontal las formas en las que se ha gestado esta reforma, sin debate y sin participación ciudadana.
Los procedimientos son lo más importante en una democracia ya que garantizan que el resultado ha sido obtenido conforme al ordenamiento jurídico vigente, que es tanto como decir que las normas emanadas respetan los valores constitucionales, de igualdad, libertad, seguridad jurídica y de pluralismo y participación política.
Por tanto, lo que en apariencia es una buena noticia, se convierte en una mala noticia por haber constatado lo que todos sospechábamos que los ciudadanos tienen escasos márgenes de participación en la vida política.
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