¿Tienen los jueces derecho a la huelga?

No pretendo hacer un análisis jurídico sobre la cuestión, ni defender los fundamentos que han llevado al Consejo General del Poder Judicial a declarar ilícito el ejercicio del derecho de huelga por jueces y magistrados. Pero resulta necesario hacer una valoración política del conflicto colectivo planteado por los integrantes de este poder del Estado.

En primer lugar hay que dejar de manifiesto que la situación de la Administración de Justicia es claramente deficiente, sobre todo en comparación con otras administraciones y servicios públicos. Hay muchas razones que dan explicación a este fenómeno y muchas responsabilidades compartidas. Sin embargo, la reacción del cuerpo judicial se desata a partir del expediente incoado al Juez Tirado, por la dilación en tramitar la ejecución de una sentencia, lo que tuvo una repercusión muy importante en la opinión pública. Sólo cuando se han dado cuenta de que no pueden ser responsables de todo lo que pasa en el juzgado, han pedido la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, que distribuye las tareas del trabajo entre magistrados, secretarios y distintos funcionarios públicos. Hasta ese momento no eran en absoluto defensores entusiastas de esta reforma. Por tanto, hay que advertir que llegan tarde.

En segundo lugar, como poder del Estado no pueden poner a la sociedad ante el dilema de que el convocante de la huelga tenga que decidir a su vez sobre la legalidad de la misma. El juez es un poder invisible, un poder en negativo, que vela porque los comportamientos se ajusten a la Ley, por lo que no deben tener iniciativa de intervención pública, sólo habrán de conocer de los casos que se le plantean. Ni tampoco pueden tener un interés directo en el asunto.

En tercer lugar, el país atraviesa una de sus mayores crisis económicas, por lo que nos toca a los funcionarios y poderes públicos extremar nuestro grado de responsabilidad. La sociedad no entendería que en un periodo de grave destrucción de empleo, los servidores públicos defendiéramos intereses corporativos, en lugar de trabajar en beneficio del interés colectivo. Esto se puede aplicar también a otros colectivos, como aquellos que se oponen al adelanto del curso escolar.

Por tanto, las asociaciones judiciales deben trabajar en coordinación con el gobierno y con el legislativo para la puesta en marcha de este nuevo sistema de organización de Juzgados y Tribunales. Así mismo, deben impulsar que en los presupuestos se recoja una mayor inversión en la Justicia y colaborar con todo su empeño en la implantación de los nuevos sistemas informáticos y telemáticos.