Una salida constitucional para después del 9 de noviembre

Por parte de las instituciones, tanto del Estado, como de la Generalitat de Cataluña, no ha existido interés en llegar a un acuerdo para ofrecer una salida política al actual conflicto territorial que se vive en esa Comunidad. Cada uno de los actores ha fijado sus posiciones, unos alargando el órdago y otros parapetados en una legalidad inflexible.

Para dar una salida política y jurídica, con pleno sustento jurídico y legal, lo primero que hay que tener claro es que en un Estado Democrático como España no se puede contraponer legalidad a democracia, ya que ambas son caras de la misma moneda, puesto que las leyes emanan de la voluntad popular representada en los parlamentos elegidos democráticamente. Y en segundo lugar que todas las normas jurídicas son susceptibles de modificación, la propia Constitución española así lo prevé en su Título X. Sin embargo, para su reforma es imprescindible seguir un procedimiento establecido, es lo que en Derecho se conoce como el paralelismo de las formas.

Por tanto, para reformar la configuración del Estado, su integridad territorial, o la forma de descentralización de los poderes es necesario contar con todos los ciudadanos españoles, en los que reside la soberanía nacional, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Constitución. Por tanto, lo que a todos afecta, por todos debe ser decidido.

Si una parte importante de la ciudadanía española desea cambiar la configuración del Estado, y este es un hecho evidente tras las sucesivas manifestaciones de las últimas diadas en Cataluña, debe ser el Gobierno común, el Gobierno del Estado, el que convoque a la ciudadanía ha pronunciarse sobre la cuestión.

El Gobierno Central no puede actuar como si el problema no existiera, tratando de ocultarlo o de vaciarlo de contenido parapetado en el marco jurídico actual. Como todo problema político, el Gobierno debe coger la iniciativa, realizar un diagnóstico de la situación y buscar la mejor fórmula jurídica de solucionar el problema. Casi siempre el agente político que coge la iniciativa y pilota el conflicto es el que acaba generando una solución lo más cercana posible a sus principios y objetivos.

Y el llamado problema catalán no se va a resolver hasta tanto la ciudadanía no se pueda expresar en un Referendum legal y con todas las garantías sobre la integridad del Estado y la estructura territorial de España. Ya que la principal demanda que piden los ciudadanos de esa comunidad es que se pueda votar. Un argumento tan básico y sencillo, que resulta difícilmente rechazable.

Así el Gobierno de España debería asumir la iniciativa y optar abiertamente por realizar un referéndum al conjunto de la ciudadanía española, como único sujeto legitimado para ejercer la soberanía.

Para ello, existe la vía jurídica del artículo 92 de la Constitución que ofrece la posibilidad de celebrar un referéndum sobre las decisiones políticas de especial trascendencia. El referéndum sería convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. Esto exigiría un consenso lo más amplio posible entre los partidos políticos representados en la cámara baja.

Con carácter previo sería necesario realizar una reforma de la Ley Orgánica 2/1980, sobre regulación de modalidades de referendum, de modo que sirviera como Ley de Claridad en España, en el sentido que se utilizó en Canadá en el proceso separatista de Quebec, que finalmente quedó abortado.

La Ley de reforma de la Ley Orgánica 2/1980 debería incorporar un nuevo capítulo específico sobre referendum a cerca de la integridad y estructura territorial del Estado. Este nuevo capítulo debería establecer con claridad como se desarrolla el proceso y que consecuencias jurídicas tendría el resultado.

En cuanto al proceso resulta básico exigir que una vez convocado, no puede volver a convocarse hasta un periodo muy prologando de tiempo, de forma que la cuestión quede zanjada al menos para una generación.

Otro asunto cardinal es la formulación de la pregunta al conjunto de la ciudadanía española, de forma que se puedan contemplar las distintas sensibilidades territoriales en las distintas comunidades autónomas.

Así la papeleta podría estar conformada por varias alternativas, de forma que la elección no se sustancie entre un sí y un no. Una propuesta podría ser la siguiente:

“En materia de integridad y estructura del Estado usted desearía:
- La reforma del actual Estado Autonómico.
- La configuración de un Estado Federal.
- La independencia de la Comunidad Autónoma donde resido”.

En cuanto al resultado y las consecuencias del proceso debe establecerse en la propia Ley de reforma del Ley Orgánica 2/1980. Un ejemplo de referencia podría ser lo dispuesto en la Ley de Claridad canadiense. En todo caso debe exigirse que sólo se podrían desencadenar efectos jurídicos directos si se alcanzase una mayoría cualificada por algunas de las opciones en un determinado territorio. Esta mayoría cualificada debería medirse sobre un porcentaje del censo y no sólo de los votantes, ya que es una decisión que afecta al núcleo mismo de la configuración del Estado. En definitiva no debe bastar con la mitad más uno de los votos para que se produzcan consecuencias jurídicas.

En segundo lugar, para desencadenarse efectos o cambios tanto en la integridad como en la estructura territorial, especialmente en lo que se refiere a la independencia del territorio de una Comunidad Autónoma, se debe exigir que haya un consenso entre las distintas partes que componen los territorios que optaran por la segregación. De tal forma que si el actual territorio de una Comunidad Autónoma se compone de cuatro, o de tres provincias, en todas ellas debe darse un resultado claro a favor de una opción, y singularmente sobre la independencia. Puesto que si se valora una eventual segregación de una parte del territorio de España del Estado, también se debe contemplar la permanencia en España de una parte de la Comunidad Autónoma que quiera optar por la segregación.

Así mismo, en la propia Ley Orgánica de referéndum o en su caso en los Acuerdos a los que se pueda llegar en el Congreso de los Diputados se debe dejar claro que consecuencias acarrearía optar por cada una de las opciones. Y singularmente dejar claro que los efectos de una eventual independencia provocaría la salida del territorio de la Unión Europea, del Euro, la asunción de la deuda pública equivalente a su peso el PIB, así como las medidas arancelarias a la comercialización de productos propias de estados independientes.

Una vez escrutado el resultado del referéndum, corresponderá a los grupos políticos hacer una interpretación del mismo y conducir los cambios constitucionales para adecuarlos a las demandas mayoritarias de la sociedad española o de una comunidad autónoma determinada.

A modo de conclusión, parece evidente que ante una demanda social todo Gobierno está obligado a dar respuesta, y una parte importante del pueblo catalán demanda votar sobre su forma de anclaje en España. Por eso, porque se debate sobre España debe ser el Gobierno Central el que pregunte a todos los ciudadanos, ofreciendo distintas alternativas, exigiendo mayorías cualificadas y sobre todo dejando claro las consecuencias que las decisiones llevan aparejadas.

Mi opinión sobre las primarias en Andalucía

Uno de los candidatos a las primarias en el PSOE de Andalucía, José Antonio Rodríguez, Alcalde de Jun, acaba de anunciar que impugna el proceso ante los tribunales, porque a su entender no se garantiza la igualdad de los aspirantes.

Creo que este recurso no tiene fundamento: porque las normas se han establecido en los Congresos del Partido, porque el umbral de avales es el mismo para todos (15 %) y porque ningún aspirante cuenta con ningún medio del partido. Es más la ejecutiva regional y el comité director han renunciado a su posibilidad de designar candidato. Como recuerdo si hicieron los órganos federales a nivel nacional, para las generales de 2011.

Con lo cual, será el apoyo individual de cada militante el que decida el proceso. La diferencia no está por lo tanto en las normas, que son iguales para todos, y por lo tanto no tiene fundamento el recurso a la Justicia, sino en las capacidades de cada candidato. Pero ese elemento no lo podemos cambiar, porque depende del trabajo de cada persona. Y esto es lo que deben valorar los militantes.

Susana Díaz es una persona que conoce a los compañeros y compañeras del partido, que trabaja 24 horas, que está resolviendo los problemas de muchas agrupaciones. Tenemos casos muy recientes, como los de Alcalá de Guadaíra o Coria, en los que su implicación para la resolución de los conflictos políticos ha generado el apoyo mayoritario de dos agrupaciones, que en el anterior congreso no la apoyaron de forma mayoritaria. Y es precisamente su trabajo el que hace que esté recogiendo la confianza en forma de aval de un mayor número de compañeros.

Respecto a Planas, es un servidor público extraordinario, un magnífico Consejero de Agricultura, pero es su falta de trabajo reciente de forma estrecha con los compañeros y compañeras del partido lo que hace que tenga un menor grado de conocimiento por la militancia.

Respecto al Alcalde de Jun es muy conocido por las redes sociales, esa es su gran ventaja.

Por tanto, lo que no podemos pretender es que las primarias sean un proceso en el que participen 3 o 4 robots, que no hayan tenido un recorrido vital en el partido para que así existan igualdad de oportunidades. Pues esto es materialmente imposible.

Por tanto, no confundamos en que consisten unas primarias, al igual que en el deporte, el que tenga una mayor preparación, entrenamiento, entrega y dedicación será el que esté mejor posicionado para llegar antes a la meta, sin que esto suponga que unos partan con reglas distintas a los otros.

Un saludo compañeros/as

Resaca electoral

En estos días hemos escuchado a diversos medios de comunicación adscritos a la derecha mediática insultar a los andaluces y a las andaluzas por el resultado electoral del domingo. Además de desprecio, estos comentarios destilaban rabia, revanchismo y sobre todo un desconocimiento profundo de la sociedad andaluza.

Nos han llamado de todo, desde analfabetos a borregos, despreciando a la Andalucía de Lorca, Picaso, Alberti o Machado, pero también a la Andalucía pionera en investigación con células madre o en energías renovables.

Y el insulto no es sólo a los electores que hemos votado opciones de izquierda, es un insulto al conjunto de los ciudadanos de Andalucía, también a los que han votado al Partido Popular.

Esta prensa ultra se resiste a ver la realidad y la realidad está en los datos. Si las elecciones autonómicas hubieran coincido con las generales el PP estaría gobernando ahora con mayoría absoluta en Andalucía, basta con ver el resultado del 20 de Noviembre. Los datos de las elecciones generales en Andalucía no les parecieron mal a esta prensa, y sin duda se estaban refiriendo a los mismos ciudadanos a los que ahora insultan.

Sin embargo, al haberse celebrado las elecciones autonómicas cuatro meses después de las generales ha permitido a muchos ciudadanos contrastar las políticas desarrolladas por el PP en el Gobierno de la Nación, y darse cuenta que lo que predicaban era puro humo. Ha permitido que los ciudadanos perciban que un cambio de gobierno no soluciona por si mismo la crisis, que no existen recetas mágicas para luchar contra el paro y que para generar confianza no basta con ganar unas elecciones, hay que gobernar bien, y además hacerlo pensando en el interés general del país, no en los intereses de unos pocos.

Así subieron los impuestos cuando prometieron lo contrario, acometieron medidas como la de la supresión de Educación para la ciudadanía y la reforma del aborto que no tienen incidencia en la prioridad impuesta por los ciudadanos, que es la salida de la crisis económica. Pero sobre todo han aprobado una Reforma Laboral tan dura y desequilibrada, que hace descansar todo el poder en los empresarios y deja al trabajador en una situación de indefensión absoluta ante medidas como el despido, la bajada de sueldo o la movilidad geográfica o funcional.

Y todo ello ha tenido consecuencias porque en tan sólo cuatro meses el PP ha perdido en Andalucía 414.884 votantes, y 5 puntos porcentuales y en Asturias 114.703, y 13 puntos porcentuales. En total desde el 20 de Noviembre al 25 de Marzo el PP ha perdido 4.270 votos al día.

Esto les debe hacer reflexionar sobre las políticas que están practicando, que no están convenciendo a muchas de las personas que les dieron su confianza para gobernar el pasado mes de noviembre.

Por tanto, desde este espacio virtual quería pedir a esa prensa de derecha que menosprecia a los andaluces que busquen en otro lado los culpables de la debacle electoral del PP. Que el desgaste del Gobierno Rajoy será muy rápido si sigue aplicando políticas contrarias al sentido común y que conducen a una mayor recesión.

Un mes del Gobierno Rajoy.

Hace un mes que se celebró el primer Consejo de Ministros presidido por Rajoy y, aunque no sea lo más preocupante, es un síntoma que su máximo responsable sigua escondido y sin aparecer. Esto da a entender que conocedor del rápido desgaste al que será sometido prefiere que sean la Vicepresidenta y sus Ministros los que den la cara.

Las primeras medidas de calado consistieron en un recorte del gasto público de 9.000 Millones de Euros imputables a todos los Ministerios y una subida generalizada del Impuesto de la Renta y del Impuesto de Bienes Inmuebles, que gravan sobre todo a las rentas de trabajo y a las clases medias.

Queda claro que el PP quiere hacer soportar las consecuencias y el coste de la crisis financiera sobre los lomos de las personas que no han tenido nada que ver con el origen de esta crisis, trabajadores públicos y del sector privado, desempleados, y pensionistas. Pretende que los grandes patrimonios y los grandes especuladores queden libres de aportar lo que deben para una salida cohesionada de la crisis.

El PP pretende que el reparto del coste de los servicios públicos se realice entre las personas que viven de su trabajo y entre aquellos que más necesitan que funcionen estos servicios y que lo hagan con criterios de calidad. Por qué: ¿para que iban a pagar por los servicios aquellos que no los usan?, dejando así abierta la puerta al copago, al deterioro de los servicios públicos y a la desigualdad social y de oportunidades.

Para este fin facilitará que las personas que tienen mayores ingresos y capital puedan disponer de sanidad y de educación privada sin contribuir al coste de los servicios públicos, como ya se ha ensayado en Madrid con las desgravaciones fiscales por matrículas en colegios privados. Y además provocarán un vaciamiento de los recursos disponibles para los servicios públicos, para que pierdan calidad, para que sean menos costosos y para proceder a una progresiva privatización, incrementando los espacios de mercado para que puedan hacer negocios las grandes corporaciones privadas con la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Lo que si está claro es que de momento, el Gobierno del PP no ha aprobado ninguna medida que contribuya a la creación de empleo, al contrario el recorte del gasto público provocará una recaída de la economía, ya que está comprobado que un recorte en los presupuestos públicos contribuye a la destrucción de empleo, debido a la ausencia de estímulos a la economía doméstica.

Su siguiente paso será una reforma laboral que contribuirá a abaratar los costes laborales y se acercará al modelo de mini-jobs que persigue la patronal. Dudo mucho de que vayamos a estar ante una reforma equitativa.

No obstante, la principal obsesión política del nuevo Gobierno de Rajoy parece ser entablar una guerra cruenta en Andalucía hasta la celebración de las elecciones, que podrían continuar o no en función del resultado que obtenga el PP.

A pesar de que una de las principales CCAA donde gobiernan, la Valenciana, ha tenido que ser rescatada por el Tesoro Español, los dirigentes del PP cargan las tintas y afilan la palabra en contra las cuentas de la Junta de Andalucía, sabiendo que su solvencia es mejor que la media y que tiene un endeudamiento inferior a la media.

Con ello consiguen un doble objetivo operativo, allanar el camino a Arenas y poner en cuestión el conjunto del sistema autonómico, atacando a la Comunidad Autónoma más grande. El objetivo estratégico final, el mismo que venimos denunciando, desmantelar el Estado del Bienestar, desmantelando las Comunidades Autónomas, ya que son estas las encargadas de prestar los servicios públicos básicos, como la Sanidad, la Educación y los servicios sociales, como la dependencia.

SOBRE EL PROCESO EN EL QUE ESTÁ INMERSO EL PSOE

Cuando estamos a punto de terminar el año, quiero publicar mi último apunte en 2011 sobre lo que más me preocupa en del ámbito público, el estado de salud del PSOE, partido en el que milito desde hace ya casi diez años.

Y aunque como ciudadano lo que en el fondo más me preocupa es el paro y la situación económica, estoy convencido de que el mejor instrumento para evitar que esta crisis derive hacia una sociedad menos justa, menos segura, menos libre, es el propio Partido Socialista Obrero Español. Y considero que la buena salud del PSOE resulta vital para garantizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la convivencia.

Basta con ir a los resultados electorales de las elecciones de mayo y de noviembre para comprobar que el estado de salud del PSOE no es bueno y que este se encuentra muy debilitado, al haber dejado de representar a la mayoría social de este país.

Tal y como tuve oportunidad de comentar en la última Asamblea celebrada en la agrupación de Alcalá de Guadaíra el conjunto de la militancia puede compartir un análisis y un diagnóstico común, sin embargo lo que necesitamos es acertar con el tratamiento.

Un tratamiento equivocado podría acentuar la dolencia, o cuando menos, no servir para recuperar la vitalidad. Por ello, lo que resulta más importante es que estemos de acuerdo en las medidas que deben adoptarse, aunque para ello necesitamos invertir más tiempo en debatirlas, consensuarlas y programarlas.

En definitiva, considero que nos precipitamos al convocar un Congreso Federal el 3 de Febrero. Primero por no tener tiempo suficiente para definir un tratamiento y elegir al equipo que debe supervisar su aplicación. Y en segundo lugar por producirse antes de una cita electoral capital para los socialistas como son las elecciones autonómicas en Andalucía, ya que todo proceso orgánico distorsiona el trabajo que el partido debe de realizar hacia la sociedad.

No obstante, y de mantener la fecha del congreso a inicios de Febrero, los militantes socialistas debemos hacer un ejercicio de responsabilidad y madurez para afrontar a la vez ambos procesos, la campaña electoral y el debate en el seno del partido. Y que ni las próximas elecciones pueden coartar la reflexión interna, ni el proceso congresual alejar más a la dirección socialista de las necesidades de la propia sociedad. Por tanto, habrá que duplicar el trabajo o los esfuerzos, si no se altera el calendario previsto.

Creo que el PSOE padece un grave ensimismamiento que debe corregirse abriendo el partido a más voces y a nuevas voces. Así para recuperar la mayoría social es preciso en primer lugar que en el partido se integren las personas y colectivos más dinámicos de nuestra sociedad, fundamentalmente los jóvenes.

Sin embargo, las formas de relación social han cambiado mucho desde el inicio de la democracia y desde el año 1982, en el que el PSOE obtuvo su mejor resultado electoral. El principal cambio es que la mayoría silenciosa de ciudadanos ha dejado de articularse mediante organizaciones intermedias, como sindicatos o asociaciones vecinales, para buscar nuevos sistemas de relación social a través de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Por ello, en la sociedad actual existe un nuevo paradigma de la participación social y de la participación política, que se basa en una participación directa, en una participación sin intermediarios, en una participación sin cortapisas o censores que inhiban al ciudadano de expresar su posicionamiento o su compromiso.

Como primer paso el PSOE debe asumir esa realidad y adaptar sus estructuras internas de funcionamiento a este nuevo paradigma de participación social. De ahí que uno de los mejores avances que se podrían conseguir para que más gente se interesara por el proyecto socialista sería el de abrir la elección de los liderazgos y los equipos a la totalidad de militantes y simpatizantes de forma directa, sin mecanismos interpuestos, ni delegaciones sucesivas de voto.

Por consiguiente, para ampliar la base social del PSOE se requiere articular mecanismos más sencillos y transparentes de participación de militantes y simpatizantes. Se requiere reforzar los mecanismos de control sobre las personas que representan el proyecto socialista en las instituciones, para que estas respondan de su actuación ante el conjunto de militantes y simpatizantes. Se requiere facilitar que cualquier persona por el mero hecho de identificarse y comprometerse con los valores socialistas pueda participar activamente de la vida del partido y tenga posibilidades reales de concurrir en cualquier proceso interno de elección y toma de decisiones.

En definitiva, seamos prácticos, afrontemos los cambios que nos demanda la sociedad, invitemos a más gente a participar con nosotros en un proyecto cuyos valores siguen inalterados a pesar de las vicisitudes de los tiempos. Y luego, una vez comencemos a andar este camino surgirán nuevos liderazgos que podrán conducir el partido hacia el objetivo de recuperar la mayoría social.

Las recetas económicas de la derecha europea

Las recetas la derecha europea se han impuesto en el ultimo Consejo Europeo. Esto no mejorará la economía, al contrario pueden provocar más crisis y más paro.
 
Estas tesis, que ha defendido durante la campaña electoral el PP consiste en recortar el gasto público, y esto supone recortar en sanidad, educación y prestaciones sociales, como las pensiones o la dependencia. Y además en bajar los impuestos a las rentas del capital.
 
Esto provoca pérdida de empleos entre profesores, médicos, enfermeros, etc.  Además empobrece la economía al suprimir servicios que generan empleos como la atención a la dependencia o los programas de aperturas de centros escolares.
 
Sencillamente lo que propone el PP es provocar una anemia a la economía, para a continuación declarar inviables los servicios públicos y proceder a su progresiva privatización, con entrada de capital privado y de multinacionales en el negocio de la sanidad, la educación y las pensiones.
 
Los defensores de esta alternativa saben que ya no hay negocio en la venta de empresas públicas, ni en el mercado del suelo, que el único negocio para ellos en España está en la privatización de los servicios públicos.
 
Frente a ello hay una alternativa socialdemócrata que consiste en medidas de estímulo a la economía desde lo público, lo que ha llamado un Plan Marshall Europeo, y en subir los impuestos a los que más tienen, bancos y grandes fortunas, para equilibrar las cuentas y que no se vean afectados la calidad de los servicios públicos.
 
Además propone que el Banco Central Europeo se implique en evitar la especulación con la deuda soberana de los países de zona euro, comprando títulos de deuda y bajando lo tipos de interés.
 
Estos planes de estímulo harían que los países con mejores resultados económicos de Europa tiren del resto de países con problemas.
 
Se trata, por tanto, de estimular la economía desde la inversión pública, ya que se ha demostrado que las medidas de recortes y de ajuste del gasto público no han servicio para crear empleo y hacer crecer la economía.
 
Mientras tanto las empresas no pueden tomar el relevo para crear empleo, y no se solvente el problema de financiación, el sector público tiene que seguir impulsando la economía.
 
Con recortes no se sale del círculo vicioso en el que está instalada la economía de Europa, y hace falta un equilibrio entre el estímulo de la economía y políticas de eficiencia en el gasto público.
 
Lo que pasa que cuando la derecha habla de austeridad no está pensando en eficiencia de lo público, sino que sólo está pensando en debilitar y deslegitimar el Estado del Bienestar, para abrir las puertas a multinacionales en sectores hasta ahora en manos públicas.
 
En Europa estamos comprobando que los recortes del gasto público no mejoran la economía.  Y ahí están los datos de los países que han tenido que acometer duros ajustes, Irlanda, Portugal, Grecia, cuya economía cae de forma más drástica que antes de ser intervenidos.  Además los recortes del gasto público no crean empleo, ahí están también los datos de las Comunidades Autónomas del PP que han realizado políticas de ajuste del gasto público, y donde siguen aumentando las cifras del paro.
 
Por tanto, la receta que se esta aplicando en europa no es buena para la economía, ya se está comprobando. La política de ajustes del gasto público, no es una medida adecuada para favorecer el crecimiento económico, es más bien una escusa de un sector ideológico tras el que se esconde la intención de abrir al negocio privado los servicios públicos, como la sanidad, la educación y las pensiones.

Reforma exprés

Esta semana hemos comprobado que los dos grandes partidos políticos de España son capaces de llegar a un acuerdo para reformar la Constitución, algo que no había ocurrido hasta ahora en los 33 años de vida de nuestra Carta Magna, si excluimos la reforma del 92 con un alcance muy limitado y que no generó ningún tipo de rechazo. En principio esta noticia debe ser tomada como una noticia positiva, ya que nuestra democracia estaba falta de grandes consensos y acuerdos para las reformas estructurales.

Además debe ser considerada una buena noticia porque deja patente que la Constitución de 1978 puede ser reformada y esto, sin duda, es muy importante, ya que en nuestra historia constitucional aquellas constituciones que no podían ser reformadas por falta de consensos, quedaban derogadas a golpe de espadón militar.

Sin embargo, esta aparente buena noticia no lo es tanto si atendemos a cómo se ha gestado la reforma. Se ha gestado tras el anuncio por el presidente en el pleno del Congreso y en menos de una semana los grupos ya tenían un texto cerrado para un nuevo artículo 135.

Como ciudadano y como jurista creo que la reforma debía haber seguido otro procedimiento, mucho más participativo. Si en nuestro ordenamiento jurídico se tarda una media de seis meses en modificar un decreto sobre pesca recreativa y damos trámite de audiencia a un sin fin de colectivos, no podemos modificar la Constitución sin debate, sin el pronunciamiento de los órganos superiores del Estado, y lo más importante sin el pronunciamiento de la ciudadanía.

La Constitución es el reflejo de la voluntad suprema de los ciudadanos de una nación y su modificación debe emanar necesariamente del cuerpo electoral y esto significa que, o bien los ciudadanos han dado su apoyo a la reforma porque han votado mayoritariamente a un partido que la llevaba en su programa electoral, o bien se han pronunciado sobre la misma en referendum.

Como es obvio que los partidos políticos no llevaron en su programa electoral esta reforma en el año 2008, debían haberla incluido en su programa para las próximas elecciones generales para la que faltan menos de 90 días y haber pospuesto hasta ese momento la reforma constitucional. Así durante la campaña podían haber explicado a los ciudadanos sus razones para aprobar esta modificación. De no ser posible la espera, como muchos nos tememos, por la presión de los mercados, debe convocarse un referendum para que se apruebe por los españoles y para que se debata en profundidad qué se pretende conseguir con la misma.

Si se hace una reforma constitucional con esta velocidad, sin apenas tiempo para el debate ciudadano y de las organizaciones sociales, y sin que se convoque un referendum estamos ante la constatación más que evidente de que se ha producido una cesión de soberanía de los ciudadanos españoles hacia los llamados mercados financieros o hacia los mandatarios de potencias extranjeras.

Distinto sería que la decisión hubiera emanado del Parlamento Europeo y que los eurodiputados votados por los españoles se hubieran pronunciado y manifestado sobre la medida, entonces estaríamos ante una cesión de soberanía hacia instancias supranacionales como la Unión Europea que sería admisible desde el punto de vista democrático. Lo que no es admisible es que la reforma haya sido dictada desde la Cancillería Alemana o desde el palacio del Eliseo.

Y es que sin querer entrar en este apunte en el fondo de la cuestión sobre el déficit de las cuentas públicas, rechazo de manera frontal las formas en las que se ha gestado esta reforma, sin debate y sin participación ciudadana.

Los procedimientos son lo más importante en una democracia ya que garantizan que el resultado ha sido obtenido conforme al ordenamiento jurídico vigente, que es tanto como decir que las normas emanadas respetan los valores constitucionales, de igualdad, libertad, seguridad jurídica y de pluralismo y participación política.

Por tanto, lo que en apariencia es una buena noticia, se convierte en una mala noticia por haber constatado lo que todos sospechábamos que los ciudadanos tienen escasos márgenes de participación en la vida política.