30º Aniversario del 28 F

El 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz conquistaba en Referéndum el derecho de acceso a la autonomía política, lo que le permitiría constituirse en Comunidad Autónoma, con el mismo nivel de autogobierno que las consideradas históricas. A pesar de que las condiciones de acceso a la autonomía impuestas eran muy exigentes, se consiguió la autonomía plena, gracias al voto masivo de los andaluces, que reivindicaron en las urnas nuestra propia dignidad.

Se lanzó un mensaje claro y contundente, en la nueva etapa democrática, los andaluces queríamos ser dueños de nuestro propio futuro, tomar nuestras propias decisiones y contar con instituciones propias que nos representaran a todos. Gracias a la autonomía se invirtió el sino histórico de los últimos dos siglos, en los que Andalucía había permanecido ajena a fenómenos como la revolución industrial y el desarrollo económico y social. El hecho de dotarnos de autogobierno nos permitió contar con recursos propios para desarrollar nuestro territorio de forma propia y cohesionada.

En estos últimos 30 años Andalucía ha sido referente en España en cuestiones tan avanzadas como las comunicaciones de alta velocidad, la investigación sanitaria y biomédica, los avances en derechos sociales o las energías renovables. Gracias a nuestra autonomía hemos podido difundir al mundo que somos un pueblo creativo, apasionado, emprendedor y solidario.

Sin duda nuestro hecho diferencial reside en las políticas sociales, así somos la primera Comunidad Autónoma en desarrollar la Ley de la Dependencia, somos la primera Comunidad Autónoma en disponer de complementos para las pensiones mínimas y la primera en investigación con células madres en nuestra sanidad pública. Por tanto, durante este periodo hemos recuperado el retraso histórico acumulado y Andalucía ha dejado de ser una anomalía histórica, para incorporarse en pie de igualdad a una Europa Unida, en las mismas de condiciones que el resto de ciudadanos de las regiones más prosperas de Europa.

Evidentemente aún nos queda mucho camino por recorrer, y las instituciones de la Comunidad Autónoma persiguen como objetivo esencial aumentar nuestra capacidad de generar empleo. Para ello es fundamental contar con instituciones propias que impidan que nuestro desarrollo económico dependa de decisiones tomadas fuera de nuestro territorio. Así el empleo supone la prioridad máxima en nuestra Comunidad y todas las acciones están enfocadas hacia ese objetivo. En una etapa como la actual, la Junta de Andalucía ha invertido más de 480 millones de euros en planes especiales de empleo para favorecer la inserción en el mercado de trabajo de las personas que han perdido su puesto de trabajo.

Por tanto, las instituciones de nuestro autogobierno permiten que podamos desarrollar nuestras propias potencialidades, y son aún más necesarias en momentos como los actuales, en los que una crisis económica global ha provocado el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo. Lo que demandamos a nuestras instituciones es que Andalucía pueda explotar sus propias capacidades autóctonas de emprendimiento.

Responsabilidad y exigencia social

Esta semana el Gobierno ha anunciado que propondrá a la comisión del Pacto de Toledo la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años de forma progresiva. Tal y como afirmé en un apunte anterior la caja de solidaridad requiere que existan más ingresos que gastos para seguir funcionando. Con las actuales previsiones demográficas resulta evidente que hay que actualizar el sistema de pensiones y de Seguridad Social para la propia supervivencia del mismo. Los cambios en los niveles de esperanza de vida, en las relaciones laborales y en los métodos de trabajo, obligan a que se revise la edad de jubilación, ya que en la actualidad un beneficiario medio del sistema público de pensiones percibe sus prestaciones durante un periodo mayor, en comparación con los beneficiarios de hace 30 años.

Por tanto, con el objetivo último de preservar nuestro sistema público de protección social debemos de acometer los cambios y los ajustes necesarios, de lo contrario se puede dar la paradoja de que por no hacer nada, la caja de solidaridad se vacíe y se ofrezca en bandeja la liquidación del sistema a los que defienden tesis liberales.

Pero no basta con que se produzcan estos ajustes o modificaciones de nuestro sistema colectivo de Seguridad Social, corresponde a los poderes públicos ser más exigentes en la gestión del mismo. Hay que lanzar un mensaje claro de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Para la supervivencia del sistema resulta imprescindible que ninguna empresa o ciudadano defraude al mismo, castigando a aquellos que ponen en riesgo la caja de solidaridad y los fondos públicos. Este nivel de exigencia supondría que no se pudiera compatibilizar el cobro de una prestación de la Seguridad Social, con cualquier otro tipo de ingresos procedentes de actividades económicas o laborales no declaradas.

El desempleo provocado por la crisis económica ha alcanzado en números absolutos el punto más alto de nuestra historia, nuestro sistema público de Seguridad Social ha permitido que las personas en paro puedan seguir haciendo frente a sus gastos de vivienda, alimentación, transporte, ocio, etc. En muchos casos se van agotando los periodos de cobros de las prestaciones, lo que pone en una situación difícil a muchas familias. Para estos casos sería conveniente reconocer rentas sociales básicas.

Sin embargo, los beneficiarios de las prestaciones tienen dos compromisos adquiridos con el conjunto de la sociedad. El primero consiste en buscar de forma activa un nuevo empleo, para lo que tendrá que participar en todas las actividades formativas y de reciclaje profesional, incluidos talleres de empleo, que se le ofrezcan. El segundo consistiría en no defraudar al sistema, obteniendo otros ingresos no declarados.

Según los últimos cálculos el abono de las prestaciones por desempleo ha consumido la mitad del superávit de la Seguridad Social alcanzado antes de la crisis. Algunos desde sus planteamientos ideológicos pueden proponer suprimir las prestaciones por desempleo, yo planteo lo contrario ampliarlas y extenderlas, pero garantizando un elevado nivel de exigencia social a las personas desempleadas. Así mismo, habría que introducir reformas para ajustar las prestaciones por desempleo a las cargas familiares y personales de los beneficiarios.

Bodas de Sangre en el Teatro Central

El Centro Andaluz de Teatro, en colaboración con el Centro Dramático Nacional, llevan a las tablas del Teatro Central de la Isla de la Cartuja la genialidad de Federico García Lorca con sus Bodas de Sangre. Os recomiendo a todos los que aún no la hayaís visto que reserveis vuestras entradas, os va a emocionar.

Los actores transmiten con intensidad los sentimientos y enganchan al espectador, introduciéndolo en la escena, como si fuera un invitado más a esa boda. La dirección ha cargado de simbolismo cada uno de los diálogos y de los coros, el ovillo de hilo rojo como la sangre derramada, una mujer que brilla en la oscuridad haciendo de luna que guia el camino de la muerte y la honra del novio, y el sonido de los cascos del caballo que representa la fuerza indómita de la pasión.

Todos esos símbolos y muchos más ponen en valor el texto de Federico García Lorca, que traslada al campo andaluz una tragedia griega, sin reyes ni heroes, sino con campesinos y mujeres duras apegadas a la tierra. El poeta de fuentevaqueros también bebe de Shakespeare, introduciendo los espíritus en la obra y de los movimientos de vanguardia del siglo XX, dando valor en la obra a elementos inmateriales como la navaja o el cuchillo.

No son necesarios grandes artificios para emocionar, basta con que la palabra llegue limpio al espectador, y con que los actores reproduzcan la hondura de la sensibilidad lorquiana.

Los olvidados

El pueblo de Haití ha sufrido la esclavitud, la colonización y la posterior descolonización, la pobreza, el subdesarrollo, el saqueo de sus propios gobernantes, las dictaduras y el olvido de la comunidad internacional. Ahora un desastre natural mayúsculo se ceba con un pueblo azotado por los males del hombre. Cientos de miles de muertos se acumulan en las calles de Puerto Príncipe, a la espera de que los primeros destacamentos de la ayuda internacional puedan empezar a actuar y organizar las labores de salvamento.
Lo más urgente es asistir a los haitianos que aún siguen vivos y comenzar las tareas de reconstrucción. Pero una vez que las imágenes de la destrucción causada por el terremoto deje las pantallas de los telediarios, y los ciudadanos olviden la catástrofe, queda lo más importante lograr que ese pueblo sometido a la pobreza y los abusos de poder, pueda desembarazarse de esos males. Por tanto, EEUU, la UE, el G20, Latinoamérica, Naciones Unidas tiene que hacerse responsable del pueblo haitiano y organizar una forma estable de gobierno, que les permita salir del subdesarrollo, y dejar de ser un pueblo olvidado.

Feliz 2010

A mi el 2009 me ha llevado a compartir cosas muy importantes, y a muchos lugares, cercanos y lejanos. En el 2010 se seguiran cumpliendo las ilusiones y nos llevará a donde todos queremos ir, sólo hacen falta las dosis adecuadas de compromiso, confianza y trabajo.

Feliz y próspero año nuevo

La cumbre de Copenhagen sobre el cambio climático.

El resultado de la cumbre de Copenhague, convocada por Naciones Unidas para dar respuesta internacional al fenómeno del cambio climático, ha sido frustrante para la mayoría de los que esperábamos un mayor compromiso de los Estados para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, fundamental causante del cambio climático, según las evidencias científicas. El Documento finalmente suscrito no resulta vinculante, simplemente se toma razón del asunto y se plantea aplazar las decisiones para futuras cumbres. Los Estados han primado los intereses nacionales y su política de desarrollo, para evitar firmar un acuerdo en el que se comprometan a reducir sus emisiones y, por tanto, a modificar su producción industrial basada en un consumo intensivo de combustibles fósiles.

Las potencias emergentes, cuyo principal exponente es China, que concentran gran parte de la producción fabril del mundo, se niegan a que la Comunidad Internacional pueda controlar, vía emisiones, su industria y en definitiva su balanza comercial. Por el contrario, la Comunidad Internacional, representada por la Organización de Naciones Unidas no cuenta con poder coactivo sobre los Estados, si estos no aceptan voluntariamente someterse a diversos controles, no puede intervenir.

El fracaso de la cumbre de Copenhague debe tener consecuencias en materia de política internacional y sobre todo en materia de política comercial. Resulta obvio que el Derecho Internacional Público clásico no es el marco jurídico adecuado para afrontar los problemas del siglo XXI, como el cambio climático, la economía globalizada, las migraciones, la pobreza y la seguridad. Es ilusorio pensar que para afrontar dichos retos, basta con convocar una cumbre para firmar un Tratado Internacional, cuando los Estados no pueden ponerse de acuerdo acerca de los términos del mismo. Si bien los distintos gobiernos pueden tomar medidas diplomáticas y comerciales para imponer que los países productores respeten unos mínimos medioambientales y laborales, no dejan de ser medidas aisladas que no inciden en la raíz del problema, la falta de una Organización Internacional con poderes efectivos, que salvaguarde los intereses globales, frente a los intereses nacionales.

De momento, y desde un punto de vista pragmático, deben vincularse necesariamente, los tratados comerciales al cumplimiento de una serie de objetivos como la reducción de emisiones o el respeto a los derechos de los trabajadores. Pensar en una nueva Organización de Naciones Unidas con poderes reforzados y con un Consejo de Seguridad democrático y capaz de imponer sus decisiones, no deja de ser un planteamiento teórico, alejado de los intereses nacionales.

Visibilidad democrática en la Unión Europea:

La semana pasada se designaron el Presidente permanente del Consejo de la Unión Europea y la Alta Representante para la Política Exterior de la UE. Las dos personas designadas resultan desconocidas para la mayoría de los ciudadanos europeos, lo que no implica que no puedan desarrollar sus cargos de forma efectiva y eficaz. Sin embargo, el proceso de designación ha pecado de falta de transparencia, lo que le resta legitimidad democrática a las personas elegidas. Los líderes de los 27 países miembros, Jefes de Estado o de Gobierno, reunidos en Bruselas han decidido los nombres de las personas encargadas de dirigir la UE. La intervención del cuerpo electoral, de los ciudadanos europeos, ha sido nula.

Para que Europa tenga peso político en la escena internacional requiere que se refuercen los mecanismos de legitimación democrática de sus cargos, por ello lo ideal hubiera sido que en las pasadas elecciones europeas del mes de junio, los distintos grupos políticos a nivel Europeo: conservadores, liberales, socialistas, verdes, izquierda libre europea, hubieran presentado candidatos a presidir las instituciones de la Unión. Sin duda, esto hubiera favorecido la participación y el interés de los ciudadanos por el proceso electoral.

Para liderar un proyecto colectivo es necesario conseguir la adhesión de los ciudadanos a través de un proceso electoral. Esta es, por ejemplo, la legitimación de la que goza Barack Obama, cuyo proyecto y carisma se ha traducido en apoyo masivo en las urnas. La Unión Europea necesita un proceso similar para afrontar los riesgos y las oportunidades de la globalización y mirar de tú a tú a las potencias hegemónicas. Por tanto, no sólo es necesario que exista una única voz, sino que es necesario que esta voz se encuentre legitimada a través de las elecciones al Parlamento Europeo.

Hasta tanto esto no se produzca, no habremos cambiado el paradigma de soberanía nacional que, hasta ahora reside en el pueblo de cada uno de nuestros Estados modernos, por el de soberanía europea o supranacional. Por tanto, cuanto antes habrá que recuperar el proyecto de Constitución Europea que haga recaer la soberanía supranacional europea en el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea.

Evidentemente existe vértigo a los cambios, y los dirigentes de los Estados Nación actuales no se atreven a avanzar hacia una transformación radical de la Historia de Europa. No obstante, el cambio se deberá producir más pronto que tarde, ya que sin una auténtica estructura institucional que refuerce el protagonismo de los ciudadanos, la Unión Europea no podrá responder a los retos de la globalización, como son el desigual reparto de los recursos, la deslocalización de la producción, la inmigración, el cambio climático, la pobreza y el subdesarrollo.