Hace un mes que se celebró el primer Consejo de Ministros presidido por Rajoy y, aunque no sea lo más preocupante, es un síntoma que su máximo responsable sigua escondido y sin aparecer. Esto da a entender que conocedor del rápido desgaste al que será sometido prefiere que sean la Vicepresidenta y sus Ministros los que den la cara.
Las primeras medidas de calado consistieron en un recorte del gasto público de 9.000 Millones de Euros imputables a todos los Ministerios y una subida generalizada del Impuesto de la Renta y del Impuesto de Bienes Inmuebles, que gravan sobre todo a las rentas de trabajo y a las clases medias.
Queda claro que el PP quiere hacer soportar las consecuencias y el coste de la crisis financiera sobre los lomos de las personas que no han tenido nada que ver con el origen de esta crisis, trabajadores públicos y del sector privado, desempleados, y pensionistas. Pretende que los grandes patrimonios y los grandes especuladores queden libres de aportar lo que deben para una salida cohesionada de la crisis.
El PP pretende que el reparto del coste de los servicios públicos se realice entre las personas que viven de su trabajo y entre aquellos que más necesitan que funcionen estos servicios y que lo hagan con criterios de calidad. Por qué: ¿para que iban a pagar por los servicios aquellos que no los usan?, dejando así abierta la puerta al copago, al deterioro de los servicios públicos y a la desigualdad social y de oportunidades.
Para este fin facilitará que las personas que tienen mayores ingresos y capital puedan disponer de sanidad y de educación privada sin contribuir al coste de los servicios públicos, como ya se ha ensayado en Madrid con las desgravaciones fiscales por matrículas en colegios privados. Y además provocarán un vaciamiento de los recursos disponibles para los servicios públicos, para que pierdan calidad, para que sean menos costosos y para proceder a una progresiva privatización, incrementando los espacios de mercado para que puedan hacer negocios las grandes corporaciones privadas con la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Lo que si está claro es que de momento, el Gobierno del PP no ha aprobado ninguna medida que contribuya a la creación de empleo, al contrario el recorte del gasto público provocará una recaída de la economía, ya que está comprobado que un recorte en los presupuestos públicos contribuye a la destrucción de empleo, debido a la ausencia de estímulos a la economía doméstica.
Su siguiente paso será una reforma laboral que contribuirá a abaratar los costes laborales y se acercará al modelo de mini-jobs que persigue la patronal. Dudo mucho de que vayamos a estar ante una reforma equitativa.
No obstante, la principal obsesión política del nuevo Gobierno de Rajoy parece ser entablar una guerra cruenta en Andalucía hasta la celebración de las elecciones, que podrían continuar o no en función del resultado que obtenga el PP.
A pesar de que una de las principales CCAA donde gobiernan, la Valenciana, ha tenido que ser rescatada por el Tesoro Español, los dirigentes del PP cargan las tintas y afilan la palabra en contra las cuentas de la Junta de Andalucía, sabiendo que su solvencia es mejor que la media y que tiene un endeudamiento inferior a la media.
Con ello consiguen un doble objetivo operativo, allanar el camino a Arenas y poner en cuestión el conjunto del sistema autonómico, atacando a la Comunidad Autónoma más grande. El objetivo estratégico final, el mismo que venimos denunciando, desmantelar el Estado del Bienestar, desmantelando las Comunidades Autónomas, ya que son estas las encargadas de prestar los servicios públicos básicos, como la Sanidad, la Educación y los servicios sociales, como la dependencia.
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